Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Sin leyes que regulen la convivencia entre sus integrantes ninguna sociedad sobreviviría. Es una verdad inobjetable.
En razón de ello, cualquier situación que nos ponga en riesgo como colectividad, merece regularse de inmediato. Es el caso de las llamadas redes sociales.
Mucho se ha debatido al respecto porque hay un sector de la sociedad que sigue oponiéndose a cualquier intento por regular legalmente el uso de esos canales de comunicación, y en cambio hay otro (entre los que me incluyo), que advierten de los riesgos de no generar un marco jurídico que ponga freno al uso de las nuevas herramientas de interacción social.
Frente a ese choque de posturas ciudadanas, el Gobierno ha preferido “nadar de muertito”. No dice nada ni hace nada, con lo cual permite que vaya creciendo ese uso perverso del Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, entre otras redes sociales.
Este también es un tema que ha sido abordado con recurrencia en los medios de comunicación. Aquí mismo hemos hablado de ello en al menos tres ocasiones.
Sin embargo, lo traigo nuevamente a la mesa ante la indecisión de las autoridades para actuar.
A diario vemos como se suben videos , fotografías o escritos, para denigrar, exhibir o amenazar a ciudadanos, en contra de quienes se difunden historias que en la mayor parte de las ocasiones son falsas.
Incluso, los mismos grupos delincuenciales han intensificado el uso de esos canales de comunicación masiva para enviar mensajes a sus contrarios o sencillamente para atribuirse la autoría de hechos de violencia.
Así, cualquiera de nosotros estamos expuestos a que, de pronto alguien con mentalidad perversa nos invente una mentira y nos exhiba, con lo cual causaría un daño moral terrible que luego es muy difícil revertir porque lamentablemente también somos muy dados a creernos todo lo que se publica.
Frente a ello, creo que es tiempo de que el Gobierno deje de cerrar los ojos y cruzarse de brazos frente a un fenómeno social que cada vez luce más amenazante para todos.
No veo donde está la dificultad para tomar una decisión al respecto. Si bien es cierto, como le decía al inicio, hay una división muy marcada de opiniones, eso deja de ser importante cuando se pone en riesgo el bien común de una colectividad.
Quienes se pronuncian por el “no” pretextan que regular el uso de las redes sociales atenta contra derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, pero ante ello cabría preguntarnos: ¿y los derechos humanos de quienes se les viola su privacidad, se les denigra o se les pone en riesgo de muerte con una publicación?.
Cuando existe una colisión de derechos, lo indicado es hacer un ejercicio de ponderación para que la decisión que se tome sea en función de la protección del derecho más importante para las personas.
Y en este caso, de las redes sociales, no parece haber duda de que por encima de la libertad de expresión hay derechos mucho más importantes que proteger.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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