Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
PRIMERO LO PRIMERO.- No es malo que los gobiernos proyecten y realicen obras para modernizar las ciudades. Es una necesidad y una obligación insalvables.
Sin embargo, como en todo, hay prioridades. Le digo porque antes de cualquier cosa debería atenderse el tema de las vialidades, que cada día lucen más destrozadas.
Ese es el caso de la Capital tamaulipeca. Me atrevo a decir que la mayoría de los victorenses aplaudiríamos a coro si las autoridades decidieran priorizar a la rehabilitación de las calles los recursos asignados al rubro de obra pública.
De hecho, le aseguro que quien lo haga tendrá asegurado el voto para la siguiente elección.
Ojala y nuestros gobernantes lo entiendan. No se requiere mucho para aplicar la lógica en el diseño de las políticas públicas.
EL CONSEJERO.- En los próximos días llegara al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución local. El remitente será el jefe del Ejecutivo Estatal.
Se trata de una adecuación a la Carta Magna para sacar a la Consejería Jurídica de la estructura de la Secretaria General de Gobierno, para colocarla bajo el mando jerárquico del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
De hecho, la Consejería ya estaba subordinada directamente al Gobernador, pero en los primeros años del gobierno del priista Egidio Torre Cantú, se trasladó a la cancha de la Secretaria General de Gobierno.
Podría parecer un movimiento intrascendente pero no lo es. La reforma dará al actual Consejero Jurídico, Abelardo Perales Meléndez, rango de Secretario y con ello más libertad de acción en los temas jurídicos que competen al Ejecutivo.
PELIGRO.- Tomando en cuenta los antecedentes de violencia que tiene el Centro de Ejecución de Sanciones, (Cedes), de Ciudad Victoria, queda claro el riesgo bajo el que se encuentra el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, sujeto a proceso por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A ello se debe, seguramente, que la Secretaría de Seguridad Pública haya solicitado a la federación, abrirle espacio al exmandatario en un penal de máxima seguridad.
Sin duda se trata de un comprometedor paquete el que tienen entre manos tanto el Gobierno estatal como el federal.
Por lo pronto, la autoridad tamaulipeca ya cumplió con advertir de los riesgos. Parece un mensaje para el Gobierno de Peña Nieto: “Luego no digan que no les avisamos”.
Sobre ese tema, los abogados de Eugenio promovieron un amparo y lograron que un Juez de Distrito suspendiera cualquier intento de traslado a otra cárcel. Era de esperarse.
Pero, en su momento, cuando el Juez decida en definitiva sobre el caso, seguramente ponderará lo que afecta más los derechos humanos del reo: trasladarlo a un penal que garantice su seguridad, o dejarlo aquí a pesar del peligro que ello implica por su perfil.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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