Por Redacción Noticentro.
A la Auditoría Superior del Estado (ASE), la transparencia no le interesa mucho.
Así lo demuestra el hecho de que, a tres meses de que se le requirió información pública a través de los canales legales, el órgano fiscalizador no ha dado respuesta a las interrogantes.
Los cuestionamientos evadidos por la ASE son los siguientes:
1.- Cuantas cuentas públicas han sido rechazadas por el Congreso del Estado y devueltas a la Auditoría Superior del Estado, (ASE), desde el 2010 a la fecha? Solicito el nombre del municipio y ejercicio fiscal a que pertenecen esas cuentas.
2.- Cuantos procedimientos administrativos inició la ASE en ese periodo del 2010 a la fecha, y en contra de cuantos funcionarios públicos, entre alcaldes, tesoreros y síndicos?; 3.- Cuales son los nombres de esos alcaldes, síndicos y tesoreros, de qué Ayuntamientos y de qué administración?.
4.- Cuantos recursos económicos se les requirió su devolución a esos servidores públicos? Solicito un desglose por ayuntamiento; 5.-Cual es el monto total de recursos que involucran esas cuentas publicas rechazadas?. Solicito un desglose por municipios.
6.- En cuántos casos y contra cuales servidores públicos se ha dado vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), para el inicio de averiguaciones previas penales por irregularidades en su ejercicio, y en cuántos casos se ha ejercitado acción penal y contra quienes?.
7.- Contra cuantos servidores públicos la ASE decretó multas y a cuánto asciende el monto global de estas?; 8.- Quienes son esos servidores públicos multados y de cuales municipios y ejercicio fiscal?.
9.- Cuantos y quienes de esos servidores públicos multados han pagado las sanciones, y en aquellos casos que no lo hicieron qué procedió?.
Mientras otras instancias de Gobierno, como la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), y la Secretaría de Seguridad Pública, dieron respuesta, puntual y detallada, a requerimientos de información que se les hizo el mismo nueve de julio, la ASE ha ignorado por completo la solicitud en abierta violación a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
