Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.La tarde de éste jueves, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Tamaulipas.
Se trata de modificaciones al artículo 162 y la derogación del numeral 163, para imponer penas de 3 a seis años de prisión a los reos que se fuguen de los penales y a los familiares que les ayuden.
Desde luego que, es una reforma de enorme importancia porque actualmente el ordenamiento punitivo no establece castigo penal, ni para los internos que se evadan ni para los familiares que los apoyen en el escape.
El Código solamente contempla castigo cuando la fuga ocurre con uso de violencia.
En adelante, entonces, habrá pena de prisión para quienes participen en una fuga, haya o no violencia, sean familiares o no del evadido.
De ahí la trascendencia de la acción legislativa que impulsó la bancada del PRI, a través de su coordinador y uno de los más prestigiados juristas , Alejandro Etienne Llano, y que fue respaldada por el resto de las fuerzas políticas.
Es cierto que, para que la reforma quede firme requiere aun el aval del Pleno Legislativo, pero eso ya es mero formalismo.
Qué bueno que los legisladores resuelvan este tipo de lagunas o inconsistencias en la ley. Bajo la redacción de ambos numerales, prácticamente se invitaba a los reos a intentar fugarse porque no habría ninguna consecuencia por ello.
Sin embargo, hay un “pero”. Aquí hemos insistido hasta el cansancio que los problemas sociales y, en éste caso en particular, la crisis de violencia y corrupción que padecen los Penales, no se resuelven a base de reformas a las leyes existentes o mediante la creación de otras.
No. Contener la problemática carcelaria requiere mucho más que una reforma. Si en verdad, la intención es evitar que sigan ocurriendo fugas y amotinamientos en las cárceles, el Gobierno debe atacar el problema de raíz.
Porque seamos honestos: desde siempre el sistema penitenciario ha padecido el desprecio presupuestal de los Gobiernos. No le han invertido ni lo mínimo para contratar suficientes custodios; para crear espacios dignos que garanticen a los reos el respeto a derechos elementales como el de salud, trabajo, apoyo médico y psicológico, entre otros que, en conjunto deben dar como resultado la rehabilitación de quien delinquió, de manera que al cumplir su condena quede en condiciones de reinsertarse socialmente como una persona de bien.
Ojala y pronto entiendan eso las autoridades. Y ojalá lo hagan pronto porque, como lo hemos advertido aquí también, mientras no se logre que los Penales funcionen como auténticos centros de rehabilitación o reinserción social de quienes delinquen, los esfuerzos que se hacen para lograr la eficiencia del sistema de justicia penal, irán a la basura.
EL RESTO.
Quedó lista la integración del Comité Estatal de Participación Ciudadana, que será la columna vertebral del Sistema Local Anticorrupción.
Los elegidos son: Arturo Narro Villaseñor será el presidente durante el próximo año; junto con él, Héctor Alejandro de Anda Cortés será integrante por dos años; Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, por tres; María Isabel Loperena, por cuatro, y Rubén Bermúdez Treviño, por cinco años.
Esa una difícil responsabilidad la que tendrán los cinco ciudadanos que conforman el Comité, porque casi casi deberán ser unos dechados de virtud en razón de la encomienda que tienen de combatir la corrupción.
Cualquier acción que ponga en duda su honestidad los descalificara socialmente para el cargo. Habrá que ver si son capaces de cumplir con esa exigencia de conducta intachable.
ASI ANDAN LAS COSAS.
