Por Redacción Noticentro.
Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado, autorizó al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, licitar siete créditos de deuda pública por 10 mil 295 millones 910 mil 643 pesos, para buscar un refinanciamiento que le garantice mejores condiciones de pago y ahorros para la administración estatal.
El dictamen que elaboró la Diputación Permanente, y que fue llevado ante la asamblea legislativa reunida en sesión extraordinaria, fue avalado por 33 votos a favor, uno en contra del priista Anto Tovar de la Cruz, y uno de abstención de la diputada de Morena, María de la Luz del Castillo Torres.
El diputado Carlos García González, presidente de la Diputación Permanente y de la Junta de Coordinación Política, destacó la transparencia y apertura en la dictaminación de la iniciativa.
Insistió en que el refinanciamiento no significa de ninguna manera endeudar más al Estado, porque la única intención es lograr mejores condiciones de pago con menores tasas de interés , como lo han logrado otras entidades del país.
“En suma, el refinanciamiento consiste en suprimir los contratos viejos de deuda por uno solo” indicó.
Previo a su aprobación, el dictamen fue modificado para hacerle adecuaciones propuestas por el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano, y el panista, Ciro Hernández Arteaga.
A propuesta de Etienne fue eliminado del dictamen el punto en el que se establecía un periodo de gracia de 12 meses para el pago de la deuda, lo cual implicaba que el Gobierno pudiera pagar solamente los intereses y no el capital.
También se añadieron dos artículos transitorios. Uno, que obliga a la Secretaría de Finanzas a que, una vez concretado el refinanciamiento de la deuda, envíe al Congreso del Estado, en un plazo no mayor a 30 días, un informe detallado de las condiciones del contrato.
El otro transitorio obliga al Gobierno del Estado a destinar los ahorros que genere el refinanciamiento, a proyectos productivos.
Por otra parte, a petición del panista Hernández Arteaga, se añadió al dictamen la obligación del Gobierno de contratar un swap, que es un instrumento parecido a una poliza de seguro para garantizarle a los bancos el pago de la deuda.
Aunque inicialmente, el PRI exigía que el plazo máximo para pagar la deuda se redujera de 25 a 20 años, al final aceptaron que el dictamen quedara intocado en ese tema.
De esa manera, la Secretaría de Finanzas queda en libertad de proceder a la licitación de los siete créditos para convertirlo en uno solo.
De acuerdo a la exposición de motivos con que se sustentó la iniciativa, el refinanciamiento de la deuda pública, permitirá al estado mayor liquidez a las presentes y futuras administraciones al ampliar hasta 25 años el plazo del financiamiento.
Además, se obtendrán mejores tasas de interés que le generarán ahorros al estado; se liberara el Impuesto Sobre Nómina como fuente de pago de la deuda y en su lugar se ofrecerán las participaciones federales y los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo cual dará amplias ventajas al Gobierno estatal porque podrá obtener mejores calificaciones en su capacidad de pago.
