Por Redacción Noticentro.
Autoridades federales y estatales mantienen bajo investigación a casi 300 agentes de Tránsito de los municipios de Matamoros, Reynosa y Río Bravo, por presuntamente participar en tareas de halconeo y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
El Procurador General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, dijo que hay denuncias y señalamientos de que algunos de los oficiales trabajan para la delincuencia, por lo que el Ministerio Público inicio entrevistas con cada uno de ellos para establecer la probable responsabilidad en los hechos.
Sin embargo, aclaró que los agentes de vialidad no están en calidad de detenidos.
La Procuraduría General de la República, (PGR), los investiga por delincuencia organizada y la instancia estatal por halconeo, que es un delito de competencia local.
Para la realización de las diligencias, el Ministerio Público solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), porque los oficiales de vialidad fueron acuartelados mientras se desarrollaban las entrevistas.
Barrios Mojica refirió que, además, el apoyo del Ejército fue para cumplimentar una orden de presentación contra el Director de Tránsito de Río Bravo, por los mismos hechos, pero el funcionario se sustrajo a la acción de la justicia.
Dijo que las investigaciones se extenderán posteriormente a otros municipios donde también hay señalamientos en el mismo sentido contra los oficiales de Tránsito.
Se determinó iniciar en Matamoros, Reynosa y Río Bravo, porque las imputaciones son más contundentes y porque las cámaras de seguridad han detectado conductas comprometedoras de los agentes viales durante algunos enfrentamientos de las fuerzas federales y policiales con la delincuencia.
Esta situación se ha dado sobre todo en Río Bravo.
Dentro de ese mismo contexto, el Procurador reveló que algunos municipios están entregando nombramientos de policías o agentes de Tránsito a personas que no se sometieron a los exámenes de control y confianza.
“Lo que nos reporta el área de C-3 es de que no todos los municipios están cumpliendo con los requisitos para otorgar un nombramiento, lo cual pudiera interpretarse esa función como un posible delito de ejercicio indebido de funciones, entre otros” mencionó.
