Por Redacción Noticentro.
Ante las dudas y desconfianzas de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), la Diputación Permanente suspendió el dictamen que autorizaba al Ejecutivo del Estado a refinanciar 10 mil 295 millones de pesos de deuda pública estatal.
El presidente del órgano legislativo, Carlos Alberto García González, explicó que la intención es aclarar las interrogantes de los diputados del PRI, para lo cual se programo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, que inicio éste lunes con trabajos de dos horas, y se reanudará mañana martes.
Una vez resueltas las dudas, el dictamen respectivo será llevado ante la Diputación Permanente, durante éste mismo martes, para el miércoles votarlo en el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria.
García González aseguró que, no hay nada irregular en lo que proyecta hacer el Gobierno del Estado , pero justificó la desconfianza de algún sector de la población por los malos manejos existentes en las pasadas administraciones.
“Entiendo que sean escépticos por lo que ocurría en el pasado. Pero les aseguro que aquí lo único que se busca es un beneficio para el Estado. Son temas que generan desconfianza pero les hablo de frente porque es algo que tiene sentido” detalló.
Precisó que la desconfianza del PRI se centra en situaciones que tienen que ver , principalmente, con el periodo de gracia de 12 meses que se negociara; con el plazo de 25 años que se fijara para el pago de la deuda: y con el fondo de reservas que que tendrá que crear el Estado .
Además , se quitara al Impuesto Sobre Nómina como fuente de pago de la deuda y en su lugar se ofrecerán las participaciones federales.
Aseguró que el refinanciamiento de la deuda pública del Estado generará un ahorro al Gobierno local, por aproximadamente dos mil millones de pesos durante los cinco años que le restan a la administración.
El ahorro de casi 425 millones de pesos por año que se espera obtener, serán canalizados exclusivamente a obras de infraestructura o para hacer frente a situaciones criticas, como las que ocurrieron recientemente en el sector salud con el desabasto de medicamentos.
“El dinero que se ahorre el Gobierno no será para gasto corriente porque además es algo que no permite la ley. Será para infraestructura , para Salud o para obras hidráulicas que eviten problemas de inundaciones” mencionó.
Precisó que los términos de la renegociación de la deuda deberán pasar por el filtro de la Secretaria de Hacienda del Gobierno federal, para garantizar que sea una situación de beneficio para las finanzas del Estado.
Los siete créditos a refinanciar son: el celebrado el 8 de octubre del 2009 con Banorte, por seis mil millones de pesos y cuyo saldo insoluto al 31 de julio del 2017 ascendía a 5, 516 millones 107 mil trescientos setenta pesos; otro del 10 de febrero del 2010 con Bancomer por mil millones de pesos y del que se deben 686 millones 813 mil pesos, y uno contratado el 17 de octubre del 2011 con Bancomer por mil 500 millones de pesos del que resta por pagar mil, 187 millones 500 mil pesos.
Otros créditos contemplados para renegociarse son: uno contratado el nueve de diciembre del 2013 con Banco Santander, por 963 millones de pesos del que restan por liquidar 885 millones 483 mil pesos; otro celebrado el cinco de agosto del 2014 con Banobras por 390 millones 241 mil 480 pesos , cuyo saldo insoluto al pasado 31 de julio era de 322 millones 474 mil pesos.
La renegociación incluirá, además, un empréstito contratado el 18 de agosto del 2014 con Bancomer , por 537 millones de pesos y del que se deben 478 mil 441 mil pesos, y uno del 27 de mayo del 2015 con HSBC, por mil millones de pesos, del que se adeudan 967 mil 970 millones de pesos.
De acuerdo con la iniciativa, se hará una licitación pública para buscar postores interesados en el refinanciamiento de la deuda.
