Por Redacción Noticentro.
Durante los últimos años, los Gobiernos han abusado del endurecimiento de las penas pensando erróneamente que con eso disminuirán los delitos, admitió Rafael González Benavides, ex magistrado Presidente del Poder Judicial de Tamaulipas.
Consideró que, quienes siguen pensando que a base de crear más leyes, o aumentando los castigos, se va a frenar la delincuencia, están equivocados, porque la efectividad de una ley no va en función de qué tan severa sea.
“No comparto ésta idea de estar aumentando las penas para frenar el delito porque para combatirlo lo que se requiere es que una ley sea efectiva, pero que además los Gobiernos trabajen más en la prevención” mencionó.
El también diputado local del PRI señaló que, a la vez se ha abusado de la casuística porque se han venido incorporando en la ley penal diversos tipos penales que tienen que ver con casos concretos.
“Por ejemplo, se dice, aquel que mate a una mujer por el hecho de ser mujer será feminicidio y será castigado con una pena que va de tantos a tantos años. Y así, tenemos muchos otros ejemplos que no le veo razón de ser porque el homicidio calificado abarca todo” detalló.
Dijo que en esta casuística entra también el tema de la legitima defensa, sobre el que hay quienes proponen legislar para ampliar su alcance en base a ciertas condiciones o características del caso concreto, cuando en realidad bajo la definición que tiene actualmente es suficiente para recurrir a ella como excluyente de responsabilidad en el momento que se acredite la necesidad de su uso.
Con ello, dijo, lo único que ser logra es “amarrarle” las manos al Juez para que imponga una pena que va de un mínimo a un máximo.
“En otros muchos países la ley faculta a un Juez para que imponga una pena, por ejemplo, de tres meses a 100 años de prisión, y con ello lo deja en libertad de sancionar una conducta delictiva en función de la gravedad de la misma. Y no les importa que seas menor de edad” detalló.
Recordó que los doctrinarios del derecho penal señalan que, “la pena es el castigo que impone el Estado”, y ésta pena debe ser efectiva, ejemplar y proporcional al delito cometido.
