Por Redacción Noticentro.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la designación como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de Edgar Uriza Alanís, Noé Sáenz Solís y Andrés González Galván, por un periodo de ocho, seis y cuatro años respectivamente.
Los tres profesionistas fueron propuestos por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para integrar el nuevo órgano jurisdiccional en materia de justicia administrativa que formara parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el caso de Uriza Alanís, los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano, Anto Tovar García, Susana Hernández Flores, Rafael González Benavides y Copitzi Hernández, votaron en contra de su designación por considerar que su perfil no es el idóneo para el cargo de Magistrado.
A pesar de ello, su nombramiento fue aprobado por 24 votos a favor con cinco en contra.
Las otras dos propuestas fueron avaladas por unanimidad de votos de 29 legisladores.
Una vez investidos legalmente como Magistrados, los profesionistas fueron llamados a rendir protesta ante el Pleno Legislativo.
El ejercicio en el cargo de un Magistrado será de ocho años, pero en este y por única ocasión dos de ellos solo permanecerán seis y cuatro años para que la renovación sea escalonada.
De acuerdo a su curriculum, Uriza Alanís, originario de Reynosa, ha sido director de Responsabilidades y Situación Patrimonial del Gobierno del Estado; secretario de una agencia del Ministerio Público y funcionario de segundo nivel en el Ayuntamiento de Reynosa.
Por su parte, Sáenz Salinas fue gerente del fideicomiso del puente internacional tres en Nuevo Laredo y ha ocupado diversos cargos en aduanas y en el Servicio de Administración Tributaria, mientras que González Galván, originario de Madero, se venía desempeñando como secretario Técnico del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, (Itait).
De acuerdo a lo que señala su Ley Orgánica, el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer de juicios en materias fiscal y contencioso administrativa, así como para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, y en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos del Estado y municipios, así como a los particulares involucrados en hechos de corrupción vinculados con dichas responsabilidades, en los términos que dispongan las leyes aplicables.
El órgano jurisdiccional suplira al actual Tribunal Fiscal del Estado.
