Por Redacción Noticentro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos , (CNDH), interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal de Tamaulipas por autorizar prisión preventiva oficiosa para delitos que no están contemplados en la Constitución Política federal.
La impugnación, promovida por el organismo defensor de la dignidad de los mexicanos, busca dejar sin efecto el decreto publicado el 21 de abril pasado, en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reforma el numeral 22 del Código Penal se Tamaulipas.
En dicho numeral, se establece un catalogo de delitos para los cuales se impondrá prisión preventiva oficiosa, distintos a los permitidos por el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución federal.
De acuerdo a esa reforma, propuesta por el Ejecutivo Estatal y aprobada por el Congreso del Estado, ameritan prisión preventiva oficiosa los siguientes delitos: tortura, peculado, robo, extorsión, y Atentados a la seguridad de la comunidad.
Al respecto, La CNDH señala que, derivado de la reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, se implementó el sistema de justicia penal acusatorio en México, y en el artículo 19 de la Constitución Federal se estableció que la prisión preventiva oficiosa solo procede en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, además de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y la trata de personas.
“En contraste, el día 21 de abril de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas los decretos con número LXIII-149 y LXIII-160, por los que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, de las cuales destacan las reformas al artículo 22, que establece un catálogo de delitos por los cuales se impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa.
“Los decretos de reforma establecen delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa distintos a los permitidos por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal” detalló el Ombudsman nacional.
Y añadió: “en virtud de lo anterior, algunos de los supuestos previstos en el artículo 22 del Código Penal de Tamaulipas, contradice la regla taxativa establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, trasgrede los derechos humanos a la libertad personal, libertad de tránsito, al debido proceso, a los derechos del procesado, así como al principio de seguridad jurídica, consagrados todos en los artículos 1 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 7.2 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), determinar la procedencia o improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.
La reforma impugnada por la CNDH es la misma que, en otros numerales pretendía coartar el derecho a la libertad de expresión e información de los tamaulipecos, al penalizar la difusión de imágenes en redes sociales con la intención de dañar o desprestigiar a funcionarios públicos.
También castigaba a quienes, a través de cualquier medio de comunicación, difundiera acciones de las instituciones de seguridad pública.
La inconformidad ciudadana que provocó en esa ocasión la reforma, llevó al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a proponer ajustes que dejaron sin efecto esa parte de la acción legislativa.
HAY QUE ESPERAR: ETIENNE.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Etienne Llano, consideró que “hay que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), pero aclaró que el espíritu de la reforma fue darle al Estado las herramientas jurídicas para combatir delitos que se están incrementando.
“A nosotros nos parece que el ánimo del legislador era mandar un mensaje claro de la situación de que son delitos que nos preocupan mucho en Tamaulipas, porque se están incrementando y tenemos que hacer todo lo necesario para combatirlos. Pero insisto, hay que esperar a lo que resuelva la Corte” señaló.
