Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
A partir del año próximo todos los servidores públicos, incluidos los de entes autónomos , estarán obligados legalmente a rendir su declaración “3 de 3”, la cual además deberá ser publica.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, explicó que, la obligación estará incorporada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en la misma Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Actualmente tú como funcionario decidías si tu declaración era pública o privada, pero ahora , con la reformas y el Sistema Estatal Anticorrupción, la “3 de 3” será pública. Ya no habrá opción” precisó.
García González consideró que la medida será un importante instrumento para evitar la corrupción de los servidores públicos, porque habrá mayor visibilidad del uso que estén haciendo sobre los recursos públicos.
“Vamos a poder ver cómo entran y como salen cada uno de ellos” mencionó.
En ese mismo sentido, el también coordinador de la bancada del PAN, aseguró que la implementación del sistema estatal anticorrupción no tendrá un costo oneroso para el Gobierno porque la estructura prácticamente ya esta operando.
Puso como ejemplo el caso del que será el Tribunal de Justicia Administrativa que suplirá al actual Tribunal Fiscal del Estado.
Dijo que el avance de la implementación del marco normativo del sistema local anticorrupción estará listo antes del 18 de julio, que es la fecha límite que establece la reforma Constitucional en la materia.
Además, esta semana quedó formalmente integrada la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Sexagésima Tercera Legislatura, y de inmediato recibió para su dictaminación diversas iniciativas para la materialización del Sistema Estatal Anticorrupcíon.
Algunas de las iniciativas que llegaron a la Comisión legislativa son: la que reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; la propuesta de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
También fueron ingresadas las iniciativas que reforma la Constitución Política del Estado; la de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción compuesta de 45 artículos; la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como la que reforma la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y otra que modifica diversos ordenamientos locales, en materia al combate a la corrupción, turnadas a la comisión en esta materia y otras a las que competen estos temas.
