Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
En los primeros días de enero presenté cinco solicitudes de información pública. Fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública , (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado,(PGJE), la Secretaría de Administración y la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos.
El canal para solicitar la información fue la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo requerido no era cosa del otro mundo. Se trataba de simple datos estadísticos que serían utilizados con fines periodísticos. En el caso de la SSP y la PGJE, se les pedían cifras sobre policías cesados por no aprobar los exámenes de control de confianza, o información sobre fosas clandestinas localizadas en los últimos años en la entidad.
A las Secretarías del Trabajo y Asuntos Jurídicos y la de Administración, los datos solicitados tenían que ver con el número de burócratas dados de baja en los tres últimos meses del 2016. Como le decía, nada del otro mundo.
El plazo que tiene un sujeto obligado para responder una solicitud de información pública, puede ir desde los 20 hasta los 30 días hábiles, dependiendo de si utiliza o no la prorroga de 10 días que le concede la ley cuando agotado el primer periodo no ha dado respuesta.
Resulta, sin embargo, que cuatro meses y medio después, ninguna de las instancias requeridas ha entregado la información que se les solicitó. Desde luego, se trata de un hecho grave.
Pero mucho más grave que eso fue que, cuando intenté ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia para indagar razones del silencio oficial, el sistema me rechazo por “contraseña incorrecta”.
De inicio me entró la duda. “Seguramente olvide la contraseña”, me dije a mi mismo ante tantos intentos rechazados. De hecho, me resigné a la pérdida de la información y decidí que tendría que repetir las solicitudes. “Por descuidado”, me reprendí.
Sin embargo, este lunes me enteré de que no soy el único al que la Plataforma Nacional de Transparencia lo rechazó por “contraseña equivocada”.
Resulta que, otros periodistas que también usan con recurrencia en su ejercicio las solicitudes de información pública, enfrentaron el mismo rechazo con el mismo argumento de la “contraseña incorrecta”
¿Qué sucedió? ¿La “contraseña incorrecta” es una falla del sistema o es una forma de que las instancias gubernamentales se evadan de la obligación de entregar la información que les solicitan los ciudadanos?.
No sé. Pero cualquiera que sea la causa, queda claro que el hecho compromete la obligación de transparencia de los entes públicos.
Desde luego, los responsables no se han dado cuenta de que afectan también el ofrecimiento que reiteradamente ha hecho el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acerca de la transparencia en su administración.
Esperemos que pronto haya solución al problema. De entrada, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, el itait, es el más obligado.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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