Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Durante los últimos diez años, la defensa de los derechos de los niños ha sido una bandera muy recurrida por juristas, académicos y políticos. Son constantes los pronunciamientos en el discurso oficial sobre la lucha por el llamado interés superior del niño. Todos se desgarran las vestiduras en esos esfuerzos por cobijar a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Este lunes reciente, me sentí atraído por una convocatoria conjunta de la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), y el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para asistir a un evento denominado “Jornadas de Discusión. El Interés Superior del Menor en el Sistema de Justicia Penal”.
Durante casi tres horas me senté a escuchar a los ponentes, entre los que se hallaban el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Pedro Lara Mendiola; el director de la Escuela Judicial del mismo STJ, Juan Plutarco Arcos Martínez, y el Magistrado del Poder Judicial Federal, Roberto Suárez Muñoz.
También estuvo en la mesa el director del Centro de Reintegración Social y Familiar de Altamira, Víctor Hugo Arellano, y la asesora jurídica, Dianey Mendoza.
Como se ve, la mesa estaba integrada por expertos en justicia, y particularmente en el sistema de justicia integral para adolescentes en materia penal. Cada uno de los ponentes expuso sus conocimientos y opiniones sobre el tema, pero al final todos coincidieron en que se han logrado avances importantísimos en el fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, para desfortuna de los estudiosos y funcionarios judiciales, pero en particular de los mismos infantes, la brecha entre la ley y la realidad es enorme. Por más que el discurso oficial nos presume con insistencia los logros en la adecuación del marco Constitucional y legal para proteger a la niñez, es muy poco lo que se ha logrado en la cotidianidad social.
Aquí le he hablado de ello en varias ocasiones, pero me veo obligado a hacerlo de nuevo porque me asombra ese convencimiento que exhiben los expertos, y sobre todo los servidores públicos, cuando nos pintan un falso paraíso en materia de defensa de los niños.
No se necesita mucho para encontrar pruebas de esas incongruencias entre el discurso de la ley y la realidad citadina. Basta con pararse en cualquier crucero para encontrar a un ejército de niños, de todas las edades, que son víctimas de explotación de sus propias padres, y consecuentemente que permanecen abandonados por la autoridad.
Si realmente hubiera un interés por defender a los niños, no existirían esas escenas de niños sodomizados , caminando de la mano de su padre o madre, clamando por una moneda a los automovilistas que esperan el “rojo” del semáforo.
Tampoco habría tantos niños “limpiavidrios” con huellas inequívocas, en el rostro, del consumo de drogas.
Ese es el problema de éste país: que los Gobiernos no han sido capaces de materializar lo que escriben en las leyes.
ASI ANDAN LAS COSAS.
[email protected]
