Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Lo recurrentes episodios de violencia que se viven hacia dentro de los llamados Centros de Ejecución de Sanciones, (Cedes), de Tamaulipas, apuntan hacia un culpable: el Gobierno federal.
No se trata de acusar por acusar. Las evidencias ahí han estado siempre , a la vista de todos.
Le explico: actualmente los Penales de Tamaulipas albergan a poco más de 6, 600 prisioneros. De ellos, cerca del 20 por ciento pertenecen al fuero federal.
Es decir, existen cerca de 1500 reos que deberían estar recluidos en prisiones federales porque precisamente están sujetos a proceso o fueron sentenciados por cometer delitos federales.
Entre ellos hay narcotraficantes, secuestradores, traficantes de armas, y toda una gama de delincuentes de alta escuela.
Sin embargo, pese a la extrema peligrosidad de todos esos cientos de prisioneros, el Gobierno federal ha optado por ponerlos a resguardo en cárceles de mínima o nula seguridad como las tamaulipecas.
Y ahí es donde se ha detonado la historia de violencia que durante décadas ha envuelto a las prisiones de Tamaulipas, con fugas masivas como la más reciente ocurrida el 23 de marzo en el Cedes de Victoria con 29 internos que huyeron por un túnel.
O los amotinamientos o riñas sangrientas con saldos fatales, también como la sucedida en el Penal capitalino luego de la fuga citada.
No hay estadísticas oficiales al respecto, pero investigaciones periodísticas han dejado claro que en prácticamente todos los episodios de violencia en las prisiones, los cabecillas han sido reos federales.
Dicho más claro: son los reos federales los que han generado la crisis penitenciaria en la entidad.
Porque, además, también son federales los reclusos que liderean los autogobiernos en las cárceles.
Partiendo entonces de esa realidad, queda claro que el más culpable de la crisis carcelaria es de la federación.
Desde luego que también el Gobierno del Estado tiene su parte de culpabilidad porque ha sido tibio y negligente en la atención al sistema penitenciario.
Pero si en las cárceles locales no hubiera reos federales, seguramente la situación sería otra.
Allá por el 2002 y 2003, el Gobierno del hoy detenido, Tomás Yarrington Ruvalcaba, luchó hasta el cansancio para que la federación sacara de las cárceles tamaulipecas a sus reos. Nunca lo consiguió pero al menos sentó un precedente.
Frente a ello, no sería mala idea que la actual administración estatal retomara aquella vieja lucha, incluso en alianza con los Gobiernos de otras entidades del país, como el de Nuevo León, donde las prisiones también les representan un verdadero dolor de cabeza.
ASI ANDAN LAS COSAS.
