Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Don Abelardo Perales Meléndez, es, sin duda, uno de los más importantes juristas en el ámbito estatal, y seguramente también en el nacional.
Pero no solo eso: Además es dueño de un prestigio intachable en su desempeño personal y profesional.
No se ha conocido hasta ahora ni un solo hecho que manche su trayectoria en el servicio público y en su vida privada, lo cual se dice fácil pero no lo es.
No hablo de oídas. Conozco a Don Abelardo desde hace muchísimos años, primero como litigante y luego como catedrático.
No tuve el privilegio de estar dentro de sus alumnos en la Facultad de Derecho, de lo cual obviamente me lamento, aunque puedo presumir haber compartido el aula en algún Diplomado o curso. La verdad siempre se aprende mucho con solo escuchar su participación en clase.
Por todo ello , soy un convencido de que, conjuntados ambos atributos, su sabiduría en el campo del derecho y su honorabilidad, convierten al actual Coordinador General Jurídico en uno de los mejores colaboradores que tiene a la mano el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Me parece, sin embargo, que lo están desaprovechando.
De ello he escrito aquí al menos dos ocasiones anteriores, pero hoy lo traigo nuevamente a tema porque, me parece inexplicable que se hayan dado yerros como el ocurrido recientemente con las reformas al Código Penal, estando a la mano la sabiduría y experiencia de Perales Meléndez.
Si hiciéramos una analogía en que la administración estatal fuera un equipo de futbol soccer, diríamos que tienen al mejor jugador en la banca.
Esperemos entonces, que en el futuro cualquier iniciativa de decreto que salga del Ejecutivo pase por el filtro de la Coordinación General Jurídica. La creación o modificación de una ley requiere ser hecha por expertos.
Y debe ser así porque en la agenda del Estado hay muchos pendientes en leyes y reglamentos, cuyo diseño debe estar bajo la responsabilidad de auténticos juristas .
EL RESTO.
POR CIERTO, los tres Poderes del Estado deberán meter el acelerador para construir el Sistema Estatal Anticorrupción.
Una vez aprobadas las reformas a la Constitución local, lo que sigue es construir el andamiaje legal en el que descansara la estrategia para prevenir, investigar y castigar los hechos de corrupción.
La fecha límite para que el Sistema Local anticorrupción esté operando vence el 18 de junio próximo, por lo que hay que darse prisa.
EL DELEGADO estatal de la Sagarpa, Eduardo Mancilla Gómez, presumió ayer ante los periodistas, que de los mil millones de subsidios adeudados a productores de Tamaulipas ya se pagaron 700 millones de pesos.
Lo que no dijo el funcionario federal es que esos recursos forman parte del presupuesto del 2017, los cuales indebidamente se están tomando para pagar subsidios del 2015 y 2016.
Así que chiste.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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