Por Redacción Noticentro.
Diputados locales aprobaron en Comisiones las Reforma a la Constitución Política del Estado que sienta las bases de lo que será el sistema estatal anticorrupción.
En sesión de trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales , encabezada por el priista Rafael González Benavides, aprobó , éste martes, por unanimidad de votos, la iniciativa que remitió al Pleno legislativo la semana pasada el Ejecutivo estatal.
El dictamen aprobado deberá ser llevado todavía ante el Pleno legislativo para su votación, lo cual se prevé ocurra durante la sesión ordinaria de este miércoles.
El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto ser la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción , así como para la fiscalización y control de recursos públicos.
Para ello deberán crearse siete leyes que representarán el andamiaje sobre el que descansara el combate a la corrupción.
Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupcíon; la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán de nueva creación.
Además serán reformadas la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; la ley Orgánica de la Administración Pública; el Código penal, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
La Reforma Constitucional establece que el sistema estatal anticorrupción contara con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Contraloría Gubernamental; de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; por el Presidente del Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información Pública de Tamaulipas; y por el representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Además habrá un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos.
Será creado un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyas funciones las asumirá el actual Tribunal Fiscal del Estado
Estará integrado por tres salas unitarias cuyos titulares serán propuestos por el Gobernador y designados por el Congreso del Estado.
Los Magistrados durarán en su cargo ocho años, aunque los primeros en ser nombrados tendrán un periodo por 4, seis años y ocho años.
El Tribunal solamente conocerá de los hechos graves de corrupción. Aquellos hechos no graves serán competencia de los órganos de control interno de las instancias de Gobierno.
La Reforma Constitucional obliga, además, a todos los servidores públicos a presentar su declaración «3 de 3» , patrimonial, fiscal y de intereses.
La designación del titular de la fiscalía anticorrupción titular se hará a través de convocatoria pública en un procedimiento a cargo del Congreso del Estado.
El diputado González Benavides propuso en dos ocasiones prolongar la reunión de trabajo para analizar a detalle el contenido de la iniciativa pero el resto de los legisladores decidieron dictaminarla de inmediato.
