Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Hasta hace 10 o 15 años, aproximadamente, era práctica obligada que antes de que una iniciativa de decreto llegara al Congreso del Estado, fuera sometida a un exhaustivo análisis por parte de expertos en el tema.
Para cuando la propuesta llegaba al Pleno legislativo, ya había sido perfeccionada y enriquecida , lo que garantizaba que fuera, en efecto, una acción legislativa de verdadero beneficio para la ciudadanía.
Así, por ejemplo, si se trataba de una reforma al Código Penal, la consulta a Magistrados, Jueces, y a la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, era paso obligado. ¿Quién mejor que ellos para decir si la propuesta era buena o no?
Lamentablemente, durante los últimos años, esa práctica de la consulta previa se fue perdiendo. Ahora las iniciativas que firma el jefe del Ejecutivo llegan en viaje sin escalas al Poder Legislativo.
La consecuencia es de que, en cada legislatura entran al Pleno del Congreso del Estado iniciativas que son simples ocurrencias, o propuestas de reformas que no tienen razón de ser porque lo que pretenden corregir ya fue corregido.
Pero en el peor de los casos, se aprueban reformas que son un monumento a la ignorancia y que terminan lastimando y ofendiendo a los justiciables.
Eso fue lo que sucedió con las recientes reformas al Código Penal del Estado, aprobadas el pasado miércoles por el Pleno legislativo,
Las adecuaciones al ordenamiento punitivo buscaban, según la exposición de motivos, darle al Estado las herramientas jurídicas necesarias para fortalecer el combate a la delincuencia.
El problema fue de que, entre el abundante contenido de las reformas iban incluidos artículos que atentaban contra la libertad expresión, no solamente de los periodistas sino también de los ciudadanos en general.
Por ejemplo, se prohibía, y sancionaba con pena de prisión, a quienes difundieran situaciones de riesgo o hicieran uso de información o imágenes difundidas en sitios oficiales para denigrar o perjudicar la imagen de servidores públicos o instituciones.
Frente a tal situación, el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se negó a promulgar las adecuaciones al Código Penal y ordenó hacer ajustes para garantizar el respeto a la libertad de expresión.
Afortunadamente, el mandatario mostró su disposición a escuchar la voz ciudadana y con ello evito un desastre mayor, porque seguramente en algún momento no muy lejano, los tribunales de justicia federal hubiesen decretado la inconstitucionalidad de las reformas.
Atendiendo entonces la recomendación de la sabiduría popular , de aprender de la experiencia, esperemos que lo sucedido sirva para retomar aquella vieja pero efectiva práctica de consultar con los expertos cualquier iniciativa de decreto antes de mandársela a los diputados.
El que pregunta no se equivoca, dice el refranero. Y tiene razón.
EL RESTO.
Por cierto, he leído que muchos culpan a los diputados de ser los autores de las fallidas reformas al Código Penal. Falso de toda falsedad. Si acaso, son culpables por omisión.
Los legisladores solamente “palomearon” el documento que les llegó desde Palacio de Gobierno, concretamente de la oficina de la Subsecretaria Gloria Garza.
Incluso, la iniciativa fue aprobada con dispensa de turno a Comisiones. Es decir, así como llegó la avalaron. No le quitaron ni una coma.
Entonces, si hay que buscar a los responsables del “oso” legislativo tendrían que comenzar por esa área de Gobierno.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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