Por Redacción Noticentro.
El Pleno del Congreso del Estado recibió del Ejecutivo local, ocho iniciativas de decreto, entre las que destacan una que reforma la Constitución estatal para sentar las bases de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción.
De la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, será modificado el título XI del Capítulo Unico para ser denominado “De las responsabilidades de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado”.
En la exposición de motivos, el promovente destaca que el objetivo principal de la acción legislativa es fortalecer el combate a la corrupción.
La iniciativa busca armonizar la Carta Magna del Estado con la reforma a la Constitución federal, del 27 de mayo del 2015, que dio origen al sistema nacional anticorrupción.
Para ello, se instituirá en el Estado el Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no solo de un servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, sino también de aquellos casos en que su función, cargo o comisión las realice en contra de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
“Este Sistema tiene como objetivos los siguientes: establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos encaminados a combatir la corrupción de las entidades federativas y los municipios; las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal, su Comité Coordinador y su Contraloría Gubernamental, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrante” detalla la propuesta.
Y añade: “Lo anterior, con el objeto de generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno del país, así como tipificar de manera clara los actos de corrupción y el procedimiento de investigación y sanción específicos”.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar.
Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, de conformidad con lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el paquete de acciones legislativas también van incluidas tres nuevas leyes : la ley de Adopciones; la ley de Atención a Victimas y la Ley del Procedimiento Administrativo.
En el caso de las dos primeras leyes, reemplazaran a las que están en vigor.
Destacan además, diversas reformas al Código Penal del Estado para endurecer las sanciones a varios delitos. Los diputados consideraron urgente esta iniciativa y la aprobaron con dispensa de trámite a Comisiones.
El resto de las iniciativas son: reformas a la Ley Orgánica de la Administración para el Estado; una reforma a la Ley sobre el Escudo y el Himno de Tamaulipas; modificaciones a la Ley del Periódico Oficial del Estado, y reformas a la Ley del Notariado de Tamaulipas.
Las acciones legislativas fueron remitidas a Comisiones para su análisis y dictamen.
