Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Desde hace muchos años, un grupo de individuos agrupados en membretes como la Unión Campesina Democrática (UCD), y la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, (Onappafa), se han dedicado a lucrar, impunemente, con las necesidad e ignorancia de muchos ciudadanos, a quienes “venden” una especie de protección para evitar que les decomisen sus vehículos de procedencia extranjera.
En muchos estados del país, pero particularmente en aquellos que son frontera con Estados Unidos como el caso de Tamaulipas, han instalado oficinas con las cuales se disputan a sus “clientes”, ofertándoles “placas” que presuntamente los amparan contra cualquier intento de incautación por parte de la autoridad.
Por esas supuestas placas, que no son más que un pedazo de cartón con una numeración y las siglas de la organización, el interesado paga entre 500 y 700 pesos. El pago incluye el ingreso a un padrón que, según les explican a los incautos, les garantiza el derecho a la nacionalización del vehículo “tan pronto y salga el decreto gubernamental”.
Bajo ese método, la UCD y la Onappafa han hecho del contrabando de vehículos “chocolates” un negociazo. Tan redituable y atractivo es el botín, que hacia dentro de las mismas organizaciones se libra una batalla de perros por la disputa de las dirigencias.
Así, por ejemplo, en Tamaulipas hay dos grupos que se dicen auténticos representantes de la UCD y otros tantos que se proclaman los verdaderos titulares de la Onappafa.
Le cuento de ello porque , éste martes, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, el presunto dirigente nacional de la UCD, Antonio Tirado Patiño, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que presentara denuncia penal contra su excompañero Marco Antonio Calderón, porque presuntamente está “clonando” y vendiendo “placas” de la organización.
Dice Tirado que acudirá ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a denunciar por fraude y falsificación de documentos a Calderón.
O sea, el defraudador se va a quejar de un fraude de otro defraudador. Va a denunciar también la falsificación de un documento falso. Los hechos son en verdad de risa loca.
Pero, más allá de esa estafa impune que cometen ambas organizaciones, lo que llama mayormente la atención es ese silencio sospechoso que guardan los Gobiernos.
Es un silencio encubridor porque, ninguna autoridad ha sido buena para salir a aclararle a la sociedad que lo que la UCD y la Onappafa prometen es una mentira.
Desde luego que es una mentira porque el día en que sea autorizado un decreto de nacionalización será para todo aquel que reúna los requisitos de ley y no solo para quienes estén empadronados bajo las siglas de esos membretes.
Alguien debería explicarnos a los ciudadanos porque esa tolerancia para quienes, a ojos vistos, delinquen impunemente estafando a miles de tamaulipecos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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