Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
LA PROCURADURIA General de Justicia del Estado, que encabeza Irving Barrios Mojica, incumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La instancia encargada de la investigación y persecución de los delitos no tiene en funcionamiento su página de internet, en la cual lo único que se ve es el logotipo del Gobierno del Estado y la leyenda “sitio en construcción”.
No creo que haya mala intención en la opacidad de la PGJE. Más bien pareciera que, algunos en esa dependencia estatal han restado importancia a la obligación de transparencia a que la ley obliga a todas las instancias de Gobierno.
¿Qué tendría de malo o comprometedor para la PGJE difundir lo que hace dentro de su ámbito de competencia? ¿Cuál sería el pecado de informar el comportamiento delictivo de la entidad?.
Definitivamente no hay nada de malo o comprometedor en hacer público el trabajo y las cifras estadísticas de la Procuraduría. Quienes así lo crean se equivocan.
Es cierto que en las mismas condiciones de la PGJE hay otras 15 dependencias del Gobierno que no atienden la obligación de transparencia.
El detalle es de que la PGJE es la que más mal parada queda por ser la responsable, precisamente, de velar por el cumplimiento de las leyes.
A PROPOSITO de leyes , a menos que otra cosa suceda será ésta semana cuando el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, envíe al Congreso del Estado, una iniciativa de reformas a la Ley de Adopciones.
De acuerdo a la información que ha trascendido, la intención es simplificar el procedimiento para que un niño pueda ser adoptado.
La reforma es necesaria porque, bajo la redacción actual pareciera que la Ley vigente está diseñada para impedir las adopciones por tantos y tan difíciles requisitos que exige a los interesados.
Prueba de lo tortuoso del procedimiento vigente es de que prácticamente no se han registrado adopciones en Tamaulipas durante los últimos años.
SE CONFUNDEN aquellos que dan por hecho que las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015, de los exalcaldes panistas de Matamoros, Leticia Salazar, y de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, serán reprobadas por el Congreso del Estado.
Aclaremos el punto: el informe de resultados de esos ejercicios financieros que la Auditoría Superior del Estado, (ASE), entregó, en agosto pasado, a los diputados de la Comisión de Vigilancia, viene en sentido positivo, lo cual significa que los Auditores no detectaron irregularidades en el ejercicio presupuestal.
La razón por la que ambas cuentas no fueron dictaminadas por la anterior legislatura, que encabezaba el priista Ramiro Ramos Salinas, pudo ser cualquier otra pero no la de alguna inconsistencia en el ejercicio presupuestal.
De hecho, ambos documentos estaban listos para ser dictaminados y llevados ante el Pleno Legislativo, con el aval de la ASE, pero de último minuto fueron eliminados de la agenda.
Bajo ese entendido, no hay elementos visibles para pensar o suponer que el Congreso vaya a rechazarle a Salazar y Canturosas sus cuentas públicas.
A menos, claro está, que de pronto surgiera algo así como una “prueba superveniente”, que en Derecho se define como aquella de la que no se tenía conocimiento.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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