Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en muertes por accidentes de tránsito. Se estima que anualmente mueren poco más de 500 personas por esa causa. La población más afectada es la del rango de 15 a 29 años de edad.
Las cifras las respalda cada año la Secretaría de Salud de Tamaulipas en la conmemoración del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Por su parte, Marte Rodríguez, ex presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, (AMASFAC), asegura que una investigación subsidiada por las agencias de seguros de autos, reveló que ocho de cada diez accidentes automovilísticos son provocados por conductores que se distraen con el uso del celular.
Con esas cifras tan contundentes, cabe preguntarnos, ¿porque las autoridades, municipales y estatales, han sido y son tan apáticas, tan valemadristas, en el diseño de una estrategia que ponga fin a esa estela de fallecimientos provocada por la irresponsabilidad de quienes combinan el teléfono con el volante?.
Tan dados a llevar ocurrencias a la tribuna legislativa, ¿Por qué ningún diputado local se ha puesto a trabajar en una iniciativa que resuelva ese grave problema de inseguridad pública en que se ha convertido el uso del celular por parte de los automovilistas?.
¿Por qué les tiembla tanto la mano para , incluso, castigar con cárcel a quien incurra en esa conducta?
Es sabido que muchas veces los Gobiernos o los políticos en general se limitan en sus decisiones por miedo a que el ciudadano se sienta agraviado y luego los castigue en las urnas. Sin embargo, éste para nada es el caso.
Por el contrario, creo que aquel diputado, alcalde o Gobernador, que impulse la tipificación como delito del uso del celular al manejar, lo único que recibirá será agradecimiento por parte de las familias tamaulipecas.
Si las estadísticas dicen que cada año mueren 500 tamaulipecos por accidentes de tránsito y , según la Amasfac ocho de cada diez percances los provocan conductores distraídos con el uso del dispositivo móvil de comunicación , vale la pena legislar al respecto.
Es más: se trata de una obligación de gobernantes y legisladores.
EL RESTO.
En un afán por cerrarle la puerta al delito y a la corrupción, la Oficina Fiscal del Estado ha implementado «candados» a la hora de aplicar el cobro de impuestos como el de la tenencia.
La medida es buena, sin duda, sin embargo hay situaciones que rayan en el exceso y causan más perjuicio que beneficio.
Por ejemplo, eso de exigirle a una mujer que acredite su calidad de esposa con el dueño del vehículo del que pretende pagar el impuesto, es en verdad una exageración.
También es una barbaridad exigir la presencia obligada del dueño de la unidad cuando , por su edad o alguna enfermedad. este no puede acudir a realizar personalmente el trámite.
Insisto: es válido y correcto el esfuerzo institucional por poner fin a practicas viciadas del pasado, pero no debe ser eso un pretexto para afectar a quienes solamente buscan ponerse al corriente en sus pagos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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