Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Desde hace muchos años la donación de bienes inmuebles propiedad de las haciendas públicas municipales y estatal ha sido una práctica recurrente.
Así, los Cabildos, con el posterior aval del Congreso del Estado, han regalado grades extensiones de tierras a supuestas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles.
La donación la justifican con el pretexto de que habrá un beneficio , directo o indirecto. a la sociedad.
El problema está en que, una vez que el Pleno del Congreso del Estado autoriza esos regalos caros, no hay nadie que se preocupe por investigar o verificar que el bien inmueble realmente tuvo el destino para el que fue donado.
La omisión es grave porque, legalmente todas las donaciones están condicionados a que, quien las recibe haga uso de ellas en un plazo no mayor de dos años.
Por ejemplo, si el terreno fue donado para construir la sede de una asociación de asistencia social, el beneficiario debe comprobar que edificó el inmueble. Si no lo hace, en automático la donación debe ser anulada.
Pero no. Como le decía, no hay nadie que verifique el destino final que tienen esas transferencias de propiedad.
Pudieran estar ocurriendo dos cosas: una, la menos peor, que los terrenos estén en pleno abandono, o dos, que alguien se haya adueñado del inmueble para fines personales.
Cualquiera de las dos alternativas suena preocupante porque, como le decía, suman docenas, tal vez cientos, las donaciones que han hecho los 43 Ayuntamientos.
Estamos entonces frente a una situación que pudiera ser fuente de corrupción con perjuicio cuantioso a las finanzas públicas.
Por lo tanto, la activación de un mecanismo para dar seguimiento a todas las donaciones ya hechas y las que se vayan a hacer, resulta urgente.
Esa es una tarea que deben asumir tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo. Esperemos que lo hagan pronto.
EL RESTO
LA LEY DE Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado tiene una o varias lagunas, que se convierten en puerta de salida o escape para quienes desde algún cargo público se embolsan dinero de las arcas municipales o estatales.
Por ejemplo, no hay claridad en esa ley sobre cuándo y bajo qué circunstancias la Auditoria Superior del Estado puede llevar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las cuentas públicas no aprobadas por el Pleno Legislativo debido a inconsistencias financieras que hagan presumir un desvío.
Debido a esa ausencia de precisión ninguno de los alcaldes o exalcaldes a quienes les han rechazado sus cuentas públicas han enfrentado el brazo de la ley.
Lo más que han recibido como sanción es obligarlos a reintegrar el monto del dinero cuyo gasto no fue comprobado. Pero nadie ha terminado en prisión. El último fue el tampiqueño Oscar Pérez Inguanzo.
Luego entonces, si el combate a la corrupción será cosa seria, primero hay que aceitar la maquinaria normativa.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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