Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
En los últimos días de diciembre pasado le hice solicitudes de información pública a tres instancias de Gobierno: a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Administración.
Seguí el procedimiento establecido en la ley . Dejé teléfono, correo electrónico y domicilio particular por aquello de las notificaciones.
De entonces a la fecha han transcurrido dos meses y medio y nada he sabido de los datos solicitados a pesar de que se agotaron, con mucho, los plazos de 20 y 10 días de prórroga de que dispone el ente público para contestar.
Luego intente acceder a las páginas de cada una de las dependencias gubernamentales, pero en todas me encontré con la leyenda “sitio en construcción”.
Ignoro qué haya sucedido. Quizá los nuevos funcionarios no se han puesto al corriente en el tema de la transparencia y rendición de cuentas y por eso no saben qué y cómo contestar las solicitudes que se les presentan.
Tal vez estén rediseñando sus sitios de internet para ofrecer un mejor producto a los ciudadanos.
El asunto es de que, cualquiera que sea la razón no vale como pretexto para desatender el derecho a la información pública, sobre todo cuando en los últimos años los avances logrados en ese tema han sido mayúsculos.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha convertido en una herramienta valiosìsima para quienes ejercemos el periodismo. Ha funcionado a la perfección como llave maestra para arrebatarle información a funcionarios que se creen dueños de las instancias públicas que tienen bajo su responsabilidad.
En mi caso, desde hace aproximadamente cinco años he ejercido a plenitud mi derecho a la información, y aunque la respuesta a una solicitud puede tardar hasta casi un mes y medio por aquello de los días inhábiles, al final siempre, en todos los casos, me entregaron lo que pedí.
Por eso ahora estoy sorprendido. No solamente no me han contestado sino que ni siquiera se han dignado a decirme los “porqués”. Ni siquiera sé si me van a responder, aunque a estas alturas comienzo a sospechar que me ignoraron.
Mientras eso sucede, veo con mucha frecuencia el discurso oficial de los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (Itait), en el que se presumen compromisos y acuerdos para garantizarnos a los ciudadanos ese derecho a la información.
Un discurso que, lamentablemente, se contradice con la realidad.
Esperemos que pronto la situación se normalice. No hacerlo sería echar a la basura todos los grandes avances conseguidos durante los últimos años.
EL RESTO.
EL RECTOR de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Rio, rendirá, éste jueves, su último informe anual de labores.
Cuando cumplió su primer año en la Rectoría, expusimos aquí los cambios que comenzábamos a ver hacia dentro de nuestra máxima Casa de Estudios. Destacábamos, por ejemplo, los esfuerzos para erradicar añejas prácticas que mantenían rezagada y desprestigiada a la UAT.
Valorábamos, además, la evidente decisión del Rector por acabar con los cotos de poder que mantenían algunos personajes hacia dentro de diversas unidades académicas.
Hoy, a la distancia, queda claro que los resultados son contundentes. Definitivamente la UAT es otra.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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