Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El “aterrorizante “ incremento de delitos del fuero común que denunció la semana pasada el diputado panista, Glafiro Salinas Mendiola, y que fue confirmado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene orígenes que van más allá del fracaso de los programas de prevención o de la ausencia de una Policía de proximidad.
No. Ese desbordante aumento de la criminalidad doméstica también tiene como causa el fracaso para castigar a los delincuentes que son enjuiciados penalmente.
Déjeme me explico: bajo el sistema tradicional de justicia penal, el proceso judicial se iniciaba con la querella o denuncia ante el agente del Ministerio Público, le seguía con la integración de la averiguación previa y con la consignación ante un Juez Penal.
Cuando la consignación se hacía sin detenido, el agente del Ministerio Público solicitaba al Juez librara orden de aprehensión porque consideraba que había reunido suficientes elementos probatorios para ejercitar acción penal contra el presunto responsable.
Pues bien, ahí es donde se atoraba el brazo de la ley.
¿Por qué? Porque la Policía Ministerial del Estado, el instrumento operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue incapaz de darle cumplimiento a esos miles y miles de órdenes de aprehensión expedidas por los Jueces.
Esa incapacidad policial tiene su explicación en lo diezmada que quedó la corporación luego de ser sometida a un proceso de depuración, lo cual la puso en una disyuntiva: o investigaba los delitos o ejecutaba ordenes de aprehensión.
Al final, no sucedió ni una cosa ni otra y la consecuencia fue un “aterrador” aumento delictivo.
Tanto la PGJE como el Poder Judicial de Estado se han encargado de ocultar las cifras exactas de mandamientos judiciales sin cumplimentar, pero personal de las mismas agencias del Ministerio Público y Juzgados dicen que “son un chingo”.
El asunto es muy grave porque, todos esos miles de delincuentes que no han sido detenidos, a pesar de existir en su contra una orden de aprehensión, continúan en las calles y lo más probable es que muchos siguen delinquiendo.
Se generó así un círculo vicioso donde la impunidad se convirtió en factor de fomento al delito, porque cuando un delincuente ve que no hay sanción a su conducta le resulta bastante atractivo seguir en su actividad.
¿Cuál es la solución? Por un lado, que la PGJE diseñe una estrategia urgente que permita ejecutar esos mandamientos judiciales y sacar con ello de la calle a todos los delincuentes que son reclamados por los Jueces.
Y por otro, que la misma PGJE, la Secretaría de Seguridad Pública y los Ayuntamientos , fortalezcan sus programas de prevención del delito para reducir la incidencia criminal.
Dicho de otra forma, para aspirar a resultados efectivos en el combate a la delincuencia, la prevención y la investigación o persecución de los delitos deben ir de la mano. Si cada quien jala por su lado , como se ha venido haciendo, el fracaso seguirá asegurado.
De poco o nada servirá identificar a un presunto delincuente si al final no lo van a castigar. Es fácil de entender.
Desde luego que también es importante eficientar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Pero ese es otro tema del que más adelante le hablaré.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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