Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
EL PLEITO entre la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, y algunos de sus regidores y el primer síndico, terminó en la “congeladora”.
Así lo deja claro el “hielo” que le pusieron al asunto, durante los últimos días , tanto los involucrados como los diputados que encabezaban la investigación contra la también exsenadora panista, encabezados por el reynosense Jesús María Moreno Ibarra.
Por ejemplo, cada que los periodistas lo cuestionan sobre el tema, Moreno Ibarra argumenta que la Comisión de Gobernación, que él encabeza y que es la encargada de la investigación para determinar la responsabilidad de Maki, está en receso.
Lo que no dice “Chuma” es que dicho receso se puede prolongar por tiempo indefinido, como evidentemente sucederá, lo cual significa que el pleito ahí quedara.
Dicho en otras palabras, la riña de ediles fronterizos terminó con un empate técnico.
Solo para que usted se ponga en contexto, le recuerdo que la alcaldesa de Reynosa fue acusada por varios de sus regidores y un síndico, de designar ilegalmente a varios de sus funcionarios.
Por esos hechos se exigía destituir a la Presidenta Municipal, lo cual era, sin duda, una exageración.
NADA MAS PARA aclarar el agua, vale precisar que la investigación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó el presunto desvío de 27.5 millones de pesos en el Ayuntamiento y la Comapa de Tula, es un mérito de Miguel Salman Alvarez.
Viene a tema el dato porque hay quienes intentan colgarle la medalla al nuevo Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, lo cual es falso.
Es ilógico que haya sido Espino Ascanio el autor de la revisión de ambas cuentas públicas porque apenas el siete de febrero rindió protesta como titular de la ASE, y esos informes de resultados llegaron a manos de los diputados desde noviembre pasado junto con 46 más.
El trabajo de Don Jorge lo comenzaremos a ver hasta dentro de unos meses cuando comience a rendir los primeros informes de resultados de cuentas públicas del 2016.
Será entonces cuando veamos si la fiscalización del gasto público muestra la mano dura que nos han prometido o será la misma gata pero revolcada.
EN MENUDO escandalo anda involucrado un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), asignado a la Dirección de Averiguaciones Previas.
Resulta que, a pesar de su calidad de servidor público al muchacho le dio por contratarse como representante legal de un colegio victorense que intentaba despedir a una de sus maestras.
El hombre encerró en una oficina de la institución educativa a la docente, y a base de insultos y amenazaba intentaba obligarla a firmar su renuncia voluntaria.
De ello desistió, sin embargo, cuando la maestra lo reconoció y le pregunto sorprendida: ¿Qué acaso no es usted funcionario público? ¿no se supone que usted está impedido para litigar?.
Si de ello no se ha enterado Don Irving Barrios, el titular de la PGJE, seguramente lo estará en cualquier momento cuando le formalicen una queja a su subalterno.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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