Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
“Los delitos del fuero común siguen creciendo en forma alarmante lo cual mantiene aterrorizada a la población de las principales ciudades del Estado” dijo el martes a un grupo de reporteros , el diputado panista, Glafiro Salinas Mendiola.
Salinas sabe de lo que habla porque es residente fronterizo y además tutela la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social del Congreso del Estado.
Pero no descubre nada nuevo. En realidad el incremento de los ilícitos del fuero común es algo que viene ocurriendo desde hace al menos diez años o quizá un poco más.
Lo que si es actual es que la situación ya alcanza niveles aterradores.
Son varios factores los que han incidido en el desbordamiento de la criminalidad en las ciudades. Más allá de la pobreza y el desempleo, lo que propicio el problema fue, por un lado, la decisión gubernamental de desaparecer las Policías Municipales, y por otro, que los Gobiernos centraron todos sus esfuerzos en atacar o intentar contener los embates de la delincuencia organizada.
Por andar concentrados en tratar de frenar la “guerra” entre grupos criminales que bañó y sigue bañando de sangre a la mayor parte de las ciudades, incluida la nuestra, las autoridades se olvidaron de la delincuencia doméstica.
Soy un convencido de que desaparecer aquellas famosas Policías Preventivas Municipales, fue el peor error que pudo cometer el Gobierno. Hacerlo fue dejar de prevenir y combatir los robos, los asaltos, la violencia doméstica que muchas veces se traduce en delitos como lesiones u homicidios, los delitos sexuales, y todo un catálogo de infracciones penales cuya competencia son de las instancias locales.
Obviamente, cuando los delincuentes se percataron de que no había enfrente quien los combatiera, intensificaron su actividad y las consecuencias se traducen en lo que Salinas Mendiola califica de aterrador.
Y es que el problema no solamente es la ausencia de una Policía que prevenga el delito, sino que tampoco la Policía Ministerial o la nueva Policía Investigadora tienen capacidad para investigar los delitos. Con apenas 400 elementos para todo el Estado su capacidad apenas alcanza para cosas mínimas.
Todos esos factores han generado una enorme impunidad que se traduce en un aumento cada vez más grave de delitos.
Lo peor de todo es que no se ve siquiera que alguna instancia de Gobierno este diseñando una estrategia para atacar el problema. El discurso oficial reconoce la situación y habla de proyectos para enfrentarla pero no concreta nada.
Mal el asunto.
EL RESTO.
Ahí mismo, en el Congreso del Estado, los diputados de todas las bancadas se pusieron de acuerdo para exigirle a la Sagarpa que les pague a los productores de Tamaulipas los 1,020 millones de pesos que les debe de subsidios desde el 2015.
Que bueno que se haya hecho el reclamo porque, la verdad, la instancia federal se ha dedicado a jugarle el dedo en la boca a agricultores y ganaderos, toda vez que les promete que “ya les va a pagar”, pero no les dice cuando.
El asunto está en que el exhorto de los diputados no servirá de mucho. Si acaso, servirá para exhibir mediáticamente a la Sagarpa, pero hasta ahí.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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