Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
SI ALGUIEN quiere realmente encontrar la ruta de la corrupción que enriqueció a muchos de quienes formaron parte de las pasadas administraciones estatales y municipales, debería hurgarle a fondo en los presupuestos asignados al área de seguridad pública.
Fue en esos recursos multimillonarios, destinados para capacitar y equipar a las corporaciones policiacas y para el combate a la delincuencia, donde se forjaron las enormes fortunas de muchos ex servidores públicos, entre ellos, por supuesto, ex Gobernadores y ex Secretarios de Seguridad Pública.
Para mayor detalle, deberían comenzar la indagatoria por el llamado Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo, el “C-4”, desde donde se disfrazaron contratos para adquisición de armas, patrullas, semáforos, “torres de pánico”, y edificación de infraestructura, cuyos costos fueron groseramente inflados.
Desde luego que también se fugaron cantidades multimillonarias de recursos, a través de la adquisición de gasolina, pago de viáticos y otros rubros, que eran manejados a discreción por los titulares de instancias como el “C-4” y la misma Secretaría de Seguridad Pública.
Seguramente la corrupción impero en muchas otras instancias de Gobierno, pero el verdadero negocio lo hicieron con el dinero que debió destinarse para combatir la inseguridad pública.
DE HECHO, desde este mismo espacio fuimos insistentes en denunciar la sospechosa adquisición de instrumentos que ningún beneficio ofrecían a la sociedad a pesar de lo que afirmaban los funcionarios del ramo.
Un ejemplo de ello lo constituyeron las llamadas “Torres de Pánico”. Aquí sostuvimos, y seguimos sosteniendo, que la compra de esos equipos fue un simple pretexto para justificar un gasto de recursos.
Si no fuera así, ¿Por qué nadie ha exhibido cifras que comprueben la utilidad de los aparatos?.
Algo muy parecido sucede con los sistemas de videocámaras instalados en las principales ciudades del Estado.
La adquisición de cientos de cámaras ha servido para resolver o frustrar dos o tres secuestros o robos, lo cual parece absurdo para el mundo de dinero que se invirtió en la compra de los equipos y su instalación.
Pero volvemos a lo mismo: la compra fue un simple señuelo para encubrir el verdadero negocio de quienes participaron en la adquisición, y por supuesto, de quienes los colocaron en el cargo.
SON VARIOS los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que andan con los nervios de punta.
No podría ser de otra forma luego de que, en los pasillos del Poder Judicial cada vez es más insistente la versión de que a algunos de ellos les están tendiendo la campaña para ponerlos en una disyuntiva de : te vas o te echamos.
Tan es así que, cuando ha estado imposibilitado para acudir a algún evento oficial, el Magistrado Presidente , Horacio Ortiz Renán, ha optado por mandar como representante a algún Consejero y no a uno de sus pares. No les tiene confianza.
Seguramente pronto habrá novedades muy novedosas.
POR CIERTO, por más que se diga lo contrario, la Secretaria del Trabajo y Asuntos Jurídicos, Esthela Chavira Martínez, está colocada en un grave conflicto de intereses.
Es así porque, resulta difícil de creer que la funcionaria podría garantizar un “manos fuera” de aquellos juicios laborales donde aparece acusado su hermano , Francisco Chavira Martínez, en calidad de rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas.
¿O alguien cree realmente que Doña Esthela puede garantizar imparcialidad?.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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