Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Humberto dedicó 25 de sus 57 años de vida a laborar para la Policía Ministerial de Tamaulipas. Su honestidad y pasión por el trabajo lo llevó a escalar jerarquías para convertirse en comandante, cargo del cual lo obligaron a renunciar porque, por la edad y achaques de salud, ya no reunía el perfil requerido.
Hoy vive de la ayuda que le dan sus hijos y de lo que le deja un pequeño negocio de tacos que abrió en la cochera de su casa.
“De algo hay que vivir”, dice resignado.
Por su parte, Don Gerónimo también tiene una historia de drama como agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Hace cinco años viajaba en la caja de la patrulla con varios compañeros. Patrullaban una avenida de Reynosa cuando de pronto fueron atacados a balazos.
Un disparo hizo blanco en unos recipientes con combustible que trasladaban en la unidad y se generó una explosión. El fuego lo alcanzó a él y varios compañeros, entre ellos una mujer que terminó falleciendo.
Don Gerónimo quedó incapacitado para seguir laborando. Pidió que lo pensionaran y le hicieron caso. El problema fue que en vez de los poco más de 22 mil pesos mensuales que ganaba solo le quieren dar 4 mil pesos.
«Con eso no voy a vivir» dice entre indignado y desesperado. Su lucha por una pensión justa se está dirimiendo en los tribunales.
Las historias de Humberto y Gerónimo son solo dos de tantas que abundan en las corporaciones de policía.
Le cuento de ello para exponer el abandono absoluto que padecen decenas o cientos de policías por parte del Estado una vez que quedan impedidos para seguir trabajando, ya sea por la secuela de alguna agresión o por la edad misma.
Como es lógico, el hecho comienza a influir en el ánimo de quienes siguen en activo porque perciben el riesgo de correr el mismo destino de sus compañeros en desgracia, en una situación que si no se atiende podría diezmar todavía más a las instituciones de seguridad pública.
Es lógico que así suceda sobre todo en una profesión tan peligrosa como es la de policía en la que, literalmente, todos los días se juegan la vida.
No está de sobra decir que la consecuencia de una desbandada sería gravísima en un contexto donde existe un déficit de más de ocho mil agentes policiacos, pero sobre todo ante una violencia delincuencial que cada día se recrudece pesar de los esfuerzos para evitarlo.
¿Qué hacer? Lo primero que tendrían que hacer los tres órdenes de Gobierno es valorar el trabajo de quienes arriesgan su vida para ejercer como policías.
Valorarlos pagándoles sueldos que les permitan resolver sus necesidades y de sus familias, pero también garantizándoles que en caso de que queden incapacitados para seguir laborando, tendrán una alternativa de vida, con una pensión justa.
Garantizándoles además que , en caso de muerte, su familia quedara protegida económicamente.
Si no se actúa así se corren dos riesgos: uno, que el desánimo de generalice y comiencen a darse renuncias masivas, o dos, que haya muchos que caigan en la tentación de irse al lado de los malos.
Tal vez en ese abandono está la explicación del fracaso en el reclutamiento policial. De acuerdo con datos oficiales en Tamaulipas existen aproximadamente 3,500 elementos pero las necesidades son de “al menos 10 mil”.
ASI ANDAN LAS COSAS.
