POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
La sociedad mexicana está muy al pendiente del trabajo legislativo que realizan nuestros representantes populares a partir de ayer que se inició el segundo periodo ordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sobre todo ahora que existen varias expectativas que surgieron ante las medidas de austeridad a causa de la crisis económica que vive el país.
Entre las expectativas que más llaman la atención se encuentran la reducción 100 diputados y 32 senadores plurinominales, así como la disminución del presupuesto a los partidos políticos, puesto que resulta vergonzoso el gasto de sumas millonarias para sufragar las canonjías que gozan, perdón, que reciben los legisladores y dirigentes partidistas.
Aunque desde hace mucho tiempo se ha manejado importancia de reducir el número de diputados y senadores plurinominales, todo parece indicar que ahora sí existe la voluntad política no sólo para satisfacer esta vieja demanda de la sociedad mexicana, sino también para que se cumplan las promesas de campaña tanto de Felipe Calderón Hinojosa como de Enrique Peña Nieto.
La reducción de los 100 diputados y 32 senadores plurinominales significaría un ahorro de poco más de 2 mil millones de pesos, según el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien reveló que la iniciativa será presentada de inmediato para que sea analizada, discutida y aprobada antes del 30 de abril cuando concluya el actual periodo ordinario de sesiones y surta efecto en las elecciones federales del 2018.
Con respecto al financiamiento público que reciben los partidos políticos, que en el presente año asciende a 8 mil 495 millones de pesos, existen varias propuestas para canalizar por lo menos la mitad de esta suma millonaria a programas sociales, entre las que destaca que sean los mismos militantes quienes aporten sus cuotas para el sostenimiento de actividades ordinarias, así como también que sólo reciban las prerrogativas durante las campañas electorales.
También se propone que las llamadas agrupaciones políticas no reciban financiamiento público, puesto que si bien es cierto que representan grupos minoritarios que no se encuadran en los partidos políticos, resulta oneroso desviar recursos públicos para la promoción de propuestas e ideas de camarillas.
Lógicamente que existen otros temas de mayor importancia que se espera discutan los legisladores en el actual periodo de sesiones ordinarias, como sería la designación del o de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, la regulación de las actividades de las fuerzas militares en materia de seguridad pública, culminar la legalización del uso medicinal de la mariguana, pero sin duda la reforma que la sociedad mexicana que más espera es la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, así como también disminuir el financiamiento a los partidos políticos.
Por supuesto que la sociedad tamaulipeca estará muy pendiente del trabajo legislativo que realizarán Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Monserrat Arcos Velázquez, Edgardo Melhem Salinas, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel González Salum, Esdras Romero Vega y Baltazar Hinojosa del PRI.
También estará muy pendiente del quehacer legislativo que harán en el actual periodo de sesiones Elva Valles Olvera y César Augusto Rendón García del PAN, además de Gustavo Cárdenas Gutiérrez del PMC, Jesús Méndez Salas del PANAL y de Abdíes Pineda Morín del PES.
Y hablando de las y los legisladores tamaulipecos, la diputada Guillén Vicente, mejor conocida como Paloma, será el centro de la confrontación política que se espera ahora el Poder Judicial de la Federación desecho el amparo que impedía el juicio político en contra del ex-titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por su lastimosa actuación en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
No debemos olvidar que Paloma funge como presidenta de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, que se encarga precisamente de analizar y valorar las demandas de juicios políticos en contra de funcionarios que defraudaron la confianza de la sociedad mexicana.
Esta Subcomisión de la Cámara de Diputados no sesionó por más de un año para desahogar el juicio político que tramitó el presidente de la Comisión de Gobernación, el perredista Rafael Hernández Soriano desde septiembre del 2015, por lo que podría ser acusada de negligencia o complicidad.
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