Por Redacción Noticentro.
Diputados locales del PAN solicitarán a su partido instalar módulos en Tamaulipas para recabar 500 mil firmas contra el “gasolinazo”.
El coordinador de la bancada del partido blanquiazul, Carlos García González, explicó que la idea es presionar al gobierno federal para que reduzca al 50 por ciento los impuestos que se aplican a los combustibles y que son los que los encarecen.
“No es lo mismo que 36 diputados locales manden un exhorto al Gobierno federal a que lo hagan 500 mil ciudadanos a través de sus firmas” detalló.
Dijo que se trata de la única forma de presionar a la federación para que emita un decreto que disminuya la gasolina, “porque hasta el momento siguen amachados en no moverle nada”.
Preciso que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (Ieps), y el Impuesto sobre el Valor Agregado, (Iva), absorben el 40 por ciento del costo de la gasolina, lo que representa un exceso que lastima severamente la economía de los mexicanos.
Sobre la posibilidad de que el Congreso del Estado promueva un amparo contra el “gasolinazo” como ya lo han hecho otras legislaturas, dijo que antes de llegar a esa vía se deben agotar otras alternativas.
Por ejemplo, insistió, una de esas opciones sería presionar al Gobierno federal con la firma de ciudadanos inconformes.
Otra alternativa es la que han planteado los gobiernos fronterizos de importar gasolina para reducir los precios.
“Todos podemos ampararnos pero no es el primer paso . Hay maneras de hallar soluciones que no afecte al federalismo. Una de esas opciones es presionar al Gobierno con firmas para que emita un decreto que reduzca los impuestos que se aplican a los combustibles” indicó.
Por otra parte, García González respaldo los acuerdos que tomaron los gobernadores fronterizos que se reunieron el lunes en Nuevo Laredo, para acordar acciones que emprenderán ante una eventual deportación masiva de connacionales tan pronto asuma el poder el presidente electo, Donald Trump.
Una de esas acciones acordadas es solicitarle al Gobierno federal el apoyo económico para los Estados fronterizos por ser los que recibirán el mayor impacto en caso de que se consume la avalancha de deportaciones de migrantes.
