Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro, anunció lo que será la estrategia a implementar para resolver el déficit de casi ocho mil elementos que enfrenta la dependencia, principalmente policías: irán a ofertar esos espacios a las comunidades rurales de Tamaulipas, e incluso de otras entidades como Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo a sus estimaciones, la fuerza policial de Tamaulipas debería andar en once mil elementos pero actualmente solo se dispone de tres mil.
Para hacer atractivo el ofrecimiento, la Secretaría de Seguridad Pública les garantizara a los aspirantes el traslado, hospedaje y alimentación, para que sean sometidos a los procesos de evaluación. Lo único que tiene que poner el interesado es el “si”.
La idea es buena. Seguramente la Secretaría de Seguridad Pública encontrara en las rancherías a muchos jóvenes interesados en contratarse como agentes de la Policía Estatal Preventiva o como custodios de los Centros de Ejecución de Sanciones, (Cedes), porque de la ocho mil vacantes un porcentaje son para vigilantes de los Penales.
Con tanta pobreza y frente a las escasas oportunidades laborales en los ejidos, sobrará quienes acepten la oferta .
De seguro también habrá en Chiapas y Oaxaca, muchos a quienes interese venir a Tamaulipas para contratarse como policías, sobre todo porque ambas entidades son de las más pobres del país.
Pero hay un problema: el fracaso del reclutamiento policial no ha estado en la falta de aspirantes. No es ahí donde se ha generado la situación que desde hace varios años mantiene diezmadas a las corporaciones policiales del Estado, porque igual que la Policía Estatal Preventiva, también la Policía Ministerial, el brazo operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, padece un grave déficit de elementos, calculado en 700.
No. El “cuello de botella” está en la rigurosidad de los procesos de evaluación y de control de confianza a que deben someterse aquellos que quieran ser policías. Se ha dicho que de cada 10 aspirantes apenas aprueban tres y a veces dos. Por eso la lentitud.
Lo peor de todo es de que no hay certeza de que esa rigurosidad sea una garantía de que el aspirante aprobado sea un dechado de virtudes y de honestidad porque los verdaderos riesgos de corrupción se dan durante el ejercicio del cargo y no previamente.
Abundan las historias de policías certificados que terminaron mudándose al bando de la delincuencia.
Entonces, si lo que se busca es evitar la corrupción la rigurosidad de los procesos de evaluación debe estar cuando el policía ya se encuentra activo y no tanto cuando apenas busca ingresar a la corporación.
Mientras el Gobierno no entienda así las cosas cualquier esfuerzo para resolver el déficit de policías será en vano. La prueba es de que se trata de un problema que lleva por lo menos ocho años y en vez de disminuir cada vez se agrava más.
Incluso, no es la primera ocasión en que se intenta buscar en otras entidades del país a interesados en trabajar como policías en Tamaulipas. Hace cuatro años hizo lo propio la PGJE cuando planteo la oferta de trabajo a quienes buscaron ingreso a la Policía Federal Preventiva y no lo lograron.
El experimento no funciono por la misma causa: solo dos de cada 10 aprobaron el proceso de evaluación.
De todo ello queda claro, entonces, la urgencia de rediseñar el proceso de evaluación y control de confianza, no para hacerlo laxo pero si para flexibilizar algunos requisitos, sin que ello implique un riesgo de que se “cuelen” bandidos a las policías.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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