POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró ayer incompetente para revisar los amparos promovidos en contra del llamado “gasolinazo”, continuarán las protestas a lo largo y ancho del país, incluso se promueve a través de redes sociales una marcha nacional el próximo sábado 21 de enero para demostrar el rechazo popular al incremento de las gasolinas y el diésel que entró en vigor el pasado 1° de enero.
El revés de los magistrados de ninguna manera desanima a los manifestantes, debido a que los amparos serán revisados por los juzgados de distritos en materia administrativa, según varios organizadores.
Si bien es cierto que será muy difícil que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto dé marcha atrás al “gasolinazo”, no hay duda de que existe una profunda preocupación por el descontento popular entre la clase política, sobre todo porque como nunca antes varios legisladores han recibido reclamos de los manifestantes, entre los que se encuentra la diputada federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente, mejor conocida como Paloma, cuando salía de un restaurante en Tampico.
De igual forma, el descontento popular se acentúa cuando las amas de casa ven que los precios de los alimentos suben en forma indiscriminada, como es el caso de las tortillas, que en muchos lugares se han vendido hasta en 18 pesos el kilogramo sin que los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) procedan en contra de los abusos de comerciantes sin escrúpulos.
Además, las marchas y protestas de alguna manera han logrado que algunos funcionarios públicos hayan decidido postergar obras que no son prioritarias, como fue el caso del consejero presidente el Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, quien retornará un mil 70 millones de pesos tras cancelar en forma temporal la construcción de nuevas oficinas.
También el Poder Judicial de la Federación anunció un programa de austeridad para ahorrar mil 900 millones de pesos del presupuesto asignado para el presente año que asciende a casi 69 mil millones de pesos, aunque no dijeron nada acerca de rebajar los millonarios salarios que tienen los magistrados de la SCJN, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros organismos.
Incluso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores preparan recortes a gastos de viajes nacionales e internacionales, vales de comida y gasolina, entre otras canonjías que tienen los legisladores, aunque todavía no se ponen de acuerdo acerca del monto del supuesto ahorro.
Asimismo, no dijeron nada acerca de la propuesta de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños Aguilar, solicitó a las fracciones del PRD, MC y Morena, que presenten cuanto antes las iniciativas para ser analizadas y discutidas.
No se descarta la posibilidad de que las marchas y protestas hayan propiciado que el aumento a los carburantes anunciado para el próximo mes de febrero se aplique en forma moderada, según reveló ayer el propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, durante una entrevista que le concedió al periodista Carlos Loret de Mola.
En otro tema, la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acerca de la esperada deportación de indocumentados que advirtió el todavía presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, reflejó que no existe un plan definido para auxiliar, atender y orientar a las miles de personas que llegarán a la frontera norte del país.
A la reunión sólo asistieron los gobernadores Francisco Vega de la Madrid de Baja California Norte, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Graco Ramírez Garrido-Abreu como presidente de la CONAGO y el anfitrión Javier García Cabeza de Vaca, además del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado.
Entre los temas que se trataron, destaca el hecho de que en el presupuesto del 2017 no existe una partida específica para ver el problema que se avecina con la deportación de miles y miles de indocumentados, según reveló el mandatario neolonés, mejor conocido como “El Bronco”.
Correo electrónico: [email protected]
