Por Redacción Noticentro.
El sistema de justicia penal acusatorio está “empantanado” por la insuficiencia de operadores jurídicos que agilicen la integración de las carpetas de investigación, advirtió Rolando Barraza Pérez, presidente del Circulo Académico de Juristas.
Ante ello, expuso la urgencia de que los Gobiernos , el federal y estatal, le inyecten más recursos presupuestales al sistema porque, de lo contrario se generara un colapso en la procuración e impartición de justicia.
“Una de las bondades del sistema acusatorio es precisamente la rapidez con que se debe impartir justicia, pero estamos viendo que la Procuraduría General de Justicia se está tardando mucho tiempo en integrar una carpeta de investigación para judicializarla y eso rompe con la agilidad que se busca” detalló.
Por ejemplo, dijo, en el sistema tradicional de justicia penal una queja recurrente de los ciudadanos era la tardanza con que se resolvía un proceso penal porque en ocasiones se requería hasta varios años.
Cuando se comenzó a implementar la transición al sistema acusatorio, el Gobierno señaló con insistencia que los periodos para resolver los juicios se acortarían significativamente, en favor tanto de la víctima como del acusado.
No obstante, detalló, en la practica la realidad es muy distinta porque son muchas las carpetas de investigación que se están iniciando pero muy pocas las que se judicializan.
“Eso constituye lo que llamamos un “cuello de botella” que hay que destrabar rápido y para eso se necesita presupuesto, sobre todo para incrementar el número de operadores jurídicos” indicó.
El también académico añadió que, otro factor que ha contribuido al empantanamiento del sistema acusatorio ha sido que la nueva administración estatal ha despedido a muchos servidores públicos que fueron los iniciadores del sistema acusatorio en Tamaulipas, y los sustituyó con personas de otras entidades del país que, aunque dominan el tema, no conocen la cultura de Tamaulipas.
Por esa razón, dijo, debe ser prioritario concretar el llamado servicio profesional de carrera para que , al menos en el sistema de justicia, los servidores públicos no estén sujetos a los “vaivenes” políticos que se derivan de un cambio de Gobierno.
