Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El conflicto por el “gasolinazo” llegó ayer al Congreso del Estado. El grupo de ciudadanos que ha venido alzando la voz durante los últimos días en contra del encarecimiento de los combustibles llevó su protesta a la sede del Poder Legislativo, y más tarde los diputados del PAN y PRI se enfrascaron en un tenso debate, por la misma razón, durante la sesión de la Diputación Permanente.
Pero, honestamente lo ocurrido en el recinto parlamentario solo servirá para efectos mediáticos, porque lo que ahí se dijo y decidió en nada influirá para revertir el incremento a las gasolinas y al diesel, vigente desde el uno de enero.
Veamos: es válida y loable la decisión de ciudadanos como los compañeros periodistas, Aníbal Martínez y Mary Jaramillo, y los activistas Enrique Yañez y Toñita Barrón, de abanderar, junto con otras personas, la indignación social derivada del brutal aumento al costo de los combustibles.
Sin embargo, ese esfuerzo por encauzar la lucha está muy lejos de generarle una real presión a un Gobierno que, a lo largo de los últimos años ha dejado muestra fehaciente de su incapacidad para conducir los destinos del país, pero también de su insensibilidad para ponerse en los “zapatos” de las clases más desprotegidas.
El “gasolinazo” es una muestra contundente de esa sordera del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que, cómo lo decíamos hace poco tiempo en éste mismo espacio, juega con fuego al adoptar decisiones que oprimen a una sociedad que está en los límites de la tolerancia.
Por otra parte, también resulta estéril el punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, para solicitarle al Gobierno federal que, vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disminuya en un 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir el costo de las gasolinas y el diesel y con ello frenar el enojo del pueblo.
Luego de un agrio debate, durante el que se repartieron culpas y acusaciones, legisladores del PAN hicieron valer su mayoría para aprobar, sin el voto del PRI, el exhorto a la federación.
Pero, volvemos a lo mismo: ¿creen realmente los diputados locales que sirve de algo un exhorto como el que avalaron?.
Para nada. Ha quedado demostrado suficientemente que los exhortos son acciones legislativas a las que nadie hace caso y que, en consecuencia, terminan en el cesto de la basura, provocando solamente el despilfarro de recursos públicos por el gasto que implica el proceso legislativo que requiere su aprobación.
Por eso, como le decía al inicio, lo sucedido ayer en el Congreso del Estado acaso servirá para llenar espacios de periódicos y noticieros de televisión y radio, pero no nos hagamos ilusiones de que Peña Nieto y sus muchachos se tomaran la molestia de voltear a vernos.
EL RESTO.
Por más que haya quien no los quiere ver así, los sucesos de violencia ocurridos durante las últimas horas en Nuevo Laredo, son una especie de reto hacia la institución del Estado.
Vistas de esa forma las cosas, el asesinato de cuatro funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la administración estatal panista.
ASI ANDAN LAS COSAS.
