Por Redacción Noticentro.
Un agente del Ministerio Público y cuatro elementos de la Policía Investigadora, fueron denunciados por presuntamente falsear declaraciones durante la investigación de la muerte del joven Cristian de Jesús Reyna Ortiz, quien falleció por un disparo de arma de fuego durante una persecución por parte de agentes de la Policía Estatal, la madrugada del 20 de agosto pasado en Tula.
Angel Treviño, abogado de los policías estatales enjuiciados por el crimen, explicó que los acusados son el agente del Ministerio Púbico, Abelardo “N”, , y los policías investigadores Esbeidi Paola “N”, Aldo Arturo “N”, Ricardo David “N” y Rocío Guadalupe “N”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), les inició la carpeta de investigación 19/2016.
Además, de forma independiente, fue iniciada una carpeta de investigación en contra de otro agente del Ministerio Público por incurrir en un presunto encubrimiento de sus compañeros.
Treviño detalló que los servidores públicos comisionados en la Unidad General de Investigación de Tula, falsearon datos para incriminar en el homicidio a los agentes de la Policía Estatal Preventiva, Conrado Martínez Ramírez y José Angel Martínez Ochoa, actualmente recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de ésta capital.
Una de las falsedades cometidas por los investigadores se dio al afirmar haber detenido en flagrancia a los agentes estatales, cuando en realidad los aprehendieron en la misma agencia del Ministerio Público, a donde los llevaron con engaños, asegurándoles que solo iban a ratificar el parte de los hechos.
“Tenemos evidencias de que los agentes fueron detenidos en la misma agencia del Ministerio Público y no en el hotel dónde se hospedaban como dijeron los Policías Investigadores y el Ministerio Público” detalló.
Además, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cometieron graves irregularidades en la cadena de custodia de las evidencias, principalmente de las armas.
Todas esas inconsistencias han contaminado el juicio por homicidio que se sigue en contra de Martínez Ramírez y Martínez Ochoa.
Treviño refirió que también fue formalizada una denuncia ante la Contraloría Estatal, solicitando la baja inmediata de los servidores públicos de la PGJE implicados en los hechos por la pérdida de confianza.
