Por Redacción Noticentro.
En cuatro de los Centros de Ejecución de Sanciones, (Cedes), de Tamaulipas, existen grupos de poder que ejercen control sobre otros reclusos y les aplican cobros por protección, asignación de estancia y acceso a la visita familiar, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH).
Al dar a conocer el informe de actividades 2016, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que da cuenta de las acciones contra ese problema en favor de las personas privadas de la libertad, el organismo nacional reveló que, el uno de marzo del 2016 hizo del conocimiento del Gobernador del Estado de 232 situaciones de riesgo así como de diversas propuestas para atenderlas.
Entre los 38 lugares o centros de internamiento visitados por el personal de la CNDH figuran los Cedes de Altamira; Matamoros; Reynosa y Victoria, además de los Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes en Altamira, Guémes, Matamoros y Reynosa.
En relación a los derechos a la igualdad y seguridad jurídica de los reclusos, los visitadores detectaron situaciones graves de autogobierno que atentan contra la población carcelaria.
“En los cuatro Centros de Ejecución de Sanciones se obtuvo información, por medio de encuestas y entrevistas anónimas, sobre grupos de poder que ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades inherentes a estos establecimientos” revela el informe.
Y detalla: existe “la presunta presencia de cobros a los internos por protección, asignación de estancia, acceso a la visita familiar, uso de estancias de visita íntima, locutorios y teléfono, participar en actividades laborales, no cumplir una sanción disciplinaria, posesión de artículos electrónicos y el establecimiento de tiendas de abarrotes e incluso por la ocupación de “cabañas” construidas por los propios internos.
“Se detectaron celdas que alojan a un número de internos menor al resto de las estancias, con aparatos electrodomésticos y de telefonía celular, juegos de video y aire acondicionado, entre otros artículos que no posee el resto de la población; incluso, se observaron cuchillos y otros objetos punzocortantes” menciona el documento.
Además, en el Centro de Ejecución de Sanciones en Altamira, el grupo de internos que ejerce control sobre la población interna, ocupa el área de ingreso como dormitorio, así como las instalaciones del Centro de Observación y Clasificación, que no se encuentra en funciones, para realizar diversas actividades como recibir visita familiar.
La CNDH advierte que entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno, se encuentra el aumento de la violencia al interior de los centros, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la presencia de privilegios y tratos especiales para algunos internos.
“La presencia de cobros evidencia esquemas de corrupción en los que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos” indicó.
Precisa que la autoridad penitenciaria está obligada a establecer medidas para garantizar la gobernabilidad en los establecimientos, por lo que ningún interno debe desempeñar funciones de autoridad en los centros, tener prerrogativas o privilegios sobre otros ni ejercer poder disciplinario respecto de sus compañeros.
Ante la situación, la CNDH recomendó al Gobierno del Estado “realizar las acciones conducentes para que los servidores públicos de los Cedes referidos ejerzan las funciones de autoridad que legalmente les corresponde e impidan que los internos participen en ellas, así como prohibir la realización de cobros por cualquier servicio que preste la institución, la existencia de situaciones o áreas de privilegios y, particularmente, evitar la posesión de artículos punzocortantes y cualquier otro objeto que pueda poner en riesgo la integridad de la población interna, el personal que ahí labora y los visitantes”.
Además de los Cedes fueron revisadas quince agencias del Ministerio Público, una comandancia de la Policía Ministerial , delegaciones de policía municipal y centros del sistema DIF.
Entre las situaciones de riesgo detectadas, destacan las relacionadas con el uso irregular de la fuerza y medios de coerción; inadecuadas condiciones de las instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención; carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, así como de personal para su atención; internos que realizan funciones de autoridad.
También existen cobros y privilegios; falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica; carencia de personal especializado para la atención de los adolescentes privados de la libertad y carencia o insuficiencia de aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior.
