Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
LA BANCADA priista en el Congreso del Estado “despertó” como oposición, y de paso le comió el mandado a su homóloga del PAN durante la asamblea plenaria de éste miércoles.
Para ello, los tricolores capitalizaron dos asuntos que están teniendo grave repercusión entre la sociedad tamaulipeca.
Uno es el relacionado con los despidos masivos y forzados, que se están dando en diferentes instancias del Gobierno del estado desde el uno de octubre cuando asumió el poder la administración panista.
Desde la tribuna legislativa, el diputado Rafael González Benavides, exigió respetar los derechos de la burocracia estatal y propuso un exhorto en ese sentido a la Secretaría de Administración.
Expuso que cientos de trabajadores están siendo obligados a renunciar , en muchos casos tan solo por simpatizar con corrientes políticas distintas al PAN, en una especie de revancha política.
Lo peor, explicó, es que ni siquiera los están indemnizando.
“Hemos escuchado testimonios de trabajadores que por el simple hecho de haber expresado su simpatía política por determinada corriente partidista, han sido despojados del único sustento de sus familias: su trabajo” señaló el también exdirigente estatal del PRI.
El otro tema, que también uso como bandera el PRI, es una propuesta para duplicar el presupuesto que recibe anualmente el Poder Judicial del Estado.
El coordinador de la bancada tricolor y expresidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Etienne Llano, fue el encargado de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se incremente gradualmente el porcentaje del 1.3 por ciento del presupuesto del estado que se asigna al sistema de impartición de justicia, hasta llegar al 2.5 por ciento.
Sin duda, la necesidad de fortalecer el presupuesto del Poder Judicial es una urgencia que deberá resolverse a prontitud, porque de lo contrario el sistema colapsara por tanta carga de trabajo que ha recibido con la asignación de nuevas competencias.
Tuvieron que transcurrir ocho sesiones ordinarias para que los diputados tricolores entendieran que son oposición en la conformación de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Ojala y que la inercia sigua en el mismo rumbo porque eso es lo que espera la sociedad de sus representantes populares: que sean impulsores de iniciativas que busquen resolver auténticos problemas sociales.
Ya basta de llevar a la tribuna ocurrencias que solo provocan el desperdicio de recursos presupuestales del Poder Legislativo, porque aunque sean absurdos se tiene que echar a andar la maquinaria parlamentaria para darles trámite.
POR CIERTO, al diputado panista de Reynosa, Jesús María Moreno Ibarra, se le olvido aquello de que “explicación no pedida culpa aceptada”.
Y es que, antes de leer el dictamen a través del cual el Congreso fija un plazo de diez días a la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Dominguez, para que explique la situación de ocho funcionarios públicos cuya destitución fue ordenada por el Cabildo al considerar que incumplían requisitos Constitucionales y legales, “Chuma” se tomó unos minutos para rechazar que haya “línea” en el tema.
Desde la tribuna, el legislador reynosense aseguro que lo único que buscan como diputados es velar por el cumplimiento de los mandatos Constitucionales y legales a que deben ajustarse los alcaldes.
En otras palabras, sostiene que no hay una intención de fondo para “golpear” políticamente a la alcaldesa.
¿Será?
ASI ANDAN LAS COSAS.
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