Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La semana pasada, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, (Cide), Carlos Antonio Heredia Zapata, planteo aquí como una obligación del Gobierno que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, iniciar un procedimiento jurídico para intentar recuperar, para el erario público, los bienes incautados en Estados Unidos a los ex Gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
“Presumiblemente hay bienes en Texas y otras entidades de Estados Unidos, adquiridos por los exgobernadores con recursos públicos del Gobierno de Tamaulipas, y por lo tanto es dinero de los tamaulipecos que tiene que ser reintegrado” indicó el también académico.
Invitado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, (Itait), el exlegislador federal del PRD expuso, en el patio central del Congreso del Estado, la conferencia, “Asignaturas pendientes para la transparencia en Tamaulipas. Una perspectiva desde la sociedad civil”.
En su ponencia, y luego en entrevista, hablo del tema.
“Si no se tiene éxito, al menos el gobierno de Cabeza de Vaca no podrá ser acusado de omiso porque podrá argumentar que “la lucha le hizo”” detalló Heredia Zapata.
La verdad, tiene razón. Es lo menos que debería hacer el gobierno panista de Cabeza de Vaca: Ir por ellos.
Es decir, intentar una acción legal que tenga como objetivo recuperar para Tamaulipas, todos aquellos bienes que Yarrington y Hernández pudieron haber adquirido con dinero sustraído de las arcas estatales.
Pero nosotros añadiríamos la necesidad de llevar esa acción legal también al ámbito nacional, porque aquí mismo, en el país y particularmente en Tamaulipas, ambos exmandatarios figuran como dueños de gran cantidad de bienes inmuebles cuyo origen está bajo sospecha.
En favor de la propuesta vale decir que la Procuraduría General de la República , (PGR), acaba de incautar al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, cinco empresas y cuatro propiedades, además de “congelarle” cinco cuentas bancarias.
“Se buscara que los recursos y bienes asegurados contribuyan a reparar el daño patrimonial causado a las familias veracruzanas” detalló la PGR.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que la reparación del daño es un principio fundamental del nuevo sistema de justicia penal, por lo que para ello es preciso recuperar esos bienes comprados ilícitamente con dinero público por ex Gobernadores corruptos.
Si a usted o a mi nos roban parte del patrimonio lo lógico es que por lo menos hagamos el intento de recuperar ese recurso, sobre todo cuando, como en el caso, los presuntos responsables están identificados.
En esa situación se coloca el Gobierno de Tamaulipas, sobre todo cuando se ha insistido tanto en la rapiña con que actuaron las últimas administraciones priistas.
Por eso, como dice Heredia Zapata, lo menos que puede hacer la administración estatal, es intentar recuperar ese dinero robado al erario público.
Ya no basta con sancionar penalmente a quienes desvían dineros públicos. Si solo nos quedamos con eso y no recuperamos lo robado, los mexicanos estaremos recibiendo una justicia a medias.
ASI ANDAN LAS COSAS.
