Por Redacción Noticentro.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Angel Romeo Garza Rodríguez, negó la existencia de un trasfondo político en la iniciativa de punto de acuerdo, presentada la semana pasada, para exhortar a la alcaldesa panista, Maki Ortíz Domínguez, a que ajuste su ejercicio al marco Constitucional y legal.
“No hay ningún trasfondo. Solo buscamos que todo vaya por el vínculo de la legalidad. Nada más es cuestión de seguir los lineamientos Constitucionales y legales, y es lo que le estamos pidiendo” mencionó.
Dijo que hasta el momento no ha existido un acercamiento de la presidenta municipal con los diputados, pero confío en que pronto ocurrirá.
“Ya hay indicios de que se va a dar un acercamiento” admitió.
Garza Rodríguez rechazó con insistencia que haya “línea” para “golpear” a la Edil reynosense.
“Es solo un exhorto” reiteró.
La semana pasada, desde la tribuna legislativa y a través de Garza Rodríguez, la bancada del Partido Acción Nacional , (PAN), arremetió contra la alcaldesa Ortiz Domínguez, a quien acusó de incurrir en abusos y excesos en el ejercicio de su cargo, al violentar disposiciones Constitucionales y legales, con la designación indebida de servidores públicos y mediante convocatorias irregulares a sesiones de Cabildo.
Para ello, el grupo parlamentario blanquiazul presentó una iniciativa de punto de acuerdo, que fue enviada a Comisiones para su análisis y dictamen, en la que propone exhortar a la presidenta municipal a que ajuste al marco Constitucional y legal, los acuerdos y resoluciones que dicte como parte de su ejercicio.
El diputado Garza Rodríguez aseguró que trece regidores de diferentes partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Reynosa, le pidieron que en su calidad de representante popular interviniera para denunciar los hechos y buscarles una solución.
A nombre de su grupo parlamentario, Garza Rodríguez enumero distintos hechos , presuntamente ilegales, cometidos por la alcaldesa en el corto plazo que lleva en su cargo.
Entre dichos actos figura realizar convocatorias confidenciales o privadas para celebrar sesiones de Cabildo, a pesar de que las mismas deben notificarse en forma personal a cada miembro del Ayuntamiento, con un plazo mínimo de 24 horas de anticipación.
Además, la acusan de expedir nombramientos de diferentes funcionarios sin el aval del Cabildo, pero también sin cumplir los requisitos legales necesarios, como el no tener una residencia mínima de un año en el municipio y no presentar su carta de no inhabilitación para el cargo.
En razón de ello , el Cabildo resolvió anular los nombramientos de los directores de desarrollo social; secretaría particular; desarrollo económico ; servicios administrativos; y de tránsito y vialidad, porque ninguno cumplía los requisitos establecidos en la ley.
No obstante, Ortiz Domínguez se ha negado a acatar la resolución a pesar de que con la resolución del Cabildo cualquier acto que realicen dichos servidores públicos son nulos de pleno derecho.
