Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Desde la tribuna legislativa, la bancada del Partido Acción Nacional , (PAN), arremetió contra la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, a quien acusó de incurrir en abusos y excesos en el ejercicio de su cargo, al violentar disposiciones Constitucionales y legales, a través de la designación indebida de servidores públicos, y mediante convocatorias irregulares a sesiones de Cabildo.
Durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo, celebrada éste martes, el diputado blanquiazul, Angel Romeo Garza Rodríguez, presentó una iniciativa de punto de acuerdo, que fue enviada a Comisiones para su análisis y dictamen en la que propone exhortar a la presidenta municipal, también panista, a que ajuste al marco Constitucional y legal, los acuerdos y resoluciones que dicte como parte de su ejercicio.
El diputado aseguró que trece regidores de diferentes partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Reynosa, le pidieron que en su calidad de representante popular interviniera para denunciar los hechos y buscarles una solución.
A nombre de su grupo parlamentario, Garza Rodríguez enumero distintos hechos , presuntamente ilegales, cometidos por la alcaldesa en el corto plazo que lleva en su cargo.
De acuerdo a su versión, Ortiz Domínguez realiza convocatorias confidenciales o privadas para celebrar sesiones de Cabildo, a pesar de que las mismas deben notificarse en forma personal a cada miembro del Ayuntamiento, con un plazo mínimo de 24 horas de anticipación.
Además, la acusan de expedir nombramientos de diferentes funcionarios sin el aval del Cabildo, pero también sin cumplir los requisitos legales necesarios, como el no tener una residencia mínima de un año en el municipio y no presentar su carta de no inhabilitación para el cargo.
De hecho, el Cabildo resolvió anular los nombramientos de los directores de desarrollo social; secretaría particular; desarrollo económico ; servicios administrativos; y de tránsito y vialidad, porque ninguno cumplía los requisitos establecidos en la ley.
No obstante, Ortiz Domínguez se ha negado a acatar la resolución a pesar de que con la resolución del Cabildo cualquier acto que realicen dichos servidores públicos son nulos de pleno derecho.
“Es preciso que la alcaldesa tome conciencia y asuma la responsabilidad de que no puede proceder en contradecir la voluntad mayoritaria del Cabildo” señaló el legislador.
Igual de irregulares fueron los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento; del Tesorero; del Contralor; del Comisario del DIF municipal, y del director del Instituto de Cultura y las Artes.
La bancada panista insistió en que todos los actos en que hayan intervenido dichos servidores públicos son nulos de pleno derecho, lo que causara un perjuicio a los ciudadanos, y obligara al Ayuntamiento a indemnizar cualquier daño que les provoque independientemente de la responsabilidad administrativa o penal que ello implique.
