Por Redacción Noticentro
El Congreso del Estado demandó a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas la entrega puntual de sus proyectos de Leyes de Ingresos.
De acuerdo con el artículo 46, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el plazo fatal para la entrega de las propuestas vence el 10 de noviembre.
A su vez, el Código Municipal de Tamaulipas impone a los Ayuntamientos la obligación de entregar al Congreso sus leyes de ingresos en los primeros diez días del mes de noviembre.
La Ley de Ingresos contiene los diversos conceptos que representan ingresos para los municipios, y las cantidades que se estima percibirá el Ayuntamiento por cada uno de esos rubros en el ejercicio fiscal correspondiente.
En ellas, cada municipio plantea la posibilidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
“En esa tesitura , a través de la presente acción legislativa , se propone que las leyes de ingresos de los municipios se elaboren con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica , acompañados de sus correspondientes indicadores, los cuales junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, deben ser congruentes con la planeación de su desarrollo y sus programas, y en relación con los planes de desarrollo nacional y municipal” señala el exhorto.
Una vez que el Congreso del Estado reciba las 43 propuestas de Leyes de Ingresos, cada documento será analizado y dictaminado en Comisiones, para que los diputados decidan si son procedentes o no las propuestas de los Ayuntamientos.
Para el 2016, la Sexagésima Segunda Legislatura no aprobó nuevos impuestos ni aumentos a los ya existentes para no dañar la economía de los tamaulipecos.
En vez de ello, exhortó a los Ayuntamientos a mostrar mayor eficiencia en la recaudación tributaria.
En relación a ese tema, el 11 de junio pasado, la Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Olga Sánchez Codero, dijo aquí que los municipios son ineficientes en la recaudación tributaria porque no quieren pagar el costo político que ello implica.
“No quieren pagar costos políticos de recaudación. Nadie quiere pagar. Reclaman independencia presupuestaria e independencia para decidir a donde van sus recursos, siempre y cuando no sean ellos los que recauden” indicó en esa ocasión, ante decenas de profesionistas de Derecho, servidores públicos y estudiantes reunidos en el auditorio “Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda”, de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT.
