or ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La corrupción gubernamental tiene uno y mil rostros. Son muy variadas las formas o métodos mediante los que, al amparo del ejercicio del poder público, un funcionario puede torcer la ley o evadir cualquier candado normativo para llevarse a su bolsillo millones y millones de pesos del erario público.
Una de esas formas de agenciarse dinero del Gobierno , aparentando hacerlo dentro del marco de la ley, es mediante la pavimentación de las calles. Durante años, cientos o miles de millones de pesos del presupuesto público han ido al bolsillo o a las cuentas bancarias de servidores públicos corruptos, que actúan en complicidad con presuntos empresarios con quienes reparten el botín.
La fórmula es sencillita: desde alguna oficina estatal o municipal, se elabora un convenio con un particular para que preste servicio de bacheo o pavimentación a la ciudad.
Como no hay verificación de la calidad del servicio prestado, el tapado de baches o la pavimentación de las calles se hace con material y técnicas de tan mala calidad, que los trabajos solo aguantan las primeras lluvias.
La deficiencia, obviamente, es deliberada porque de esa forma cada que se repite el ejercicio se elabora una factura.
Ahí está el negocio: en hacer mal las cosas. Si las hicieran bien a la primera se acabaría la “minita de oro”.
Pero esa es apenas una parte del truco. La otra parte consiste en el sobreprecio que se aplica a los trabajos. Si en el mercado normal un metro de pavimento se cobra en 10 pesos, cuando el que paga es el Gobierno el moto es mucho mayor.
Así ha funcionado desde siempre la mafia del pavimento.
Por eso hoy podemos ver una calle recién pavimentada o rehabilitada pero a los 10 o 15 días ya está en las mismas condiciones.
Por eso, si el famoso combate a la corrupción va en serio, el Gobierno del estado y los ayuntamientos deberían comenzar por la pavimentación de calles. Para empezar resulta obligado transparentar los contratos para que la sociedad sepa cuánto se paga por ese servicio y a quien se está pagando.
Pero, también debe haber un verdadero control de calidad por parte del Gobierno, para exigir una garantía en la calidad de los trabajos.
Si se hicieran ambas cosas, es un hecho que se acabaría el negocio de la mafia del asfalto. Habrá que ver si hay voluntad para ello.
EL RESTO.
Si la intención de la nueva administración estatal es reestructurar el Poder Judicial, no será tarea fácil.
Y es que, con excepción de Manuel Ceballos Jiménez, a quien se le vence su periodo de seis años en mayo próximo, al resto de los Magistrados les queda larga vida en su cargo.
Luego entonces, partiendo de que el artículo 110 de la Constitución establece que los Magistrados y Consejeros serán inamovibles durante el periodo de su encargo, solo parece haber una alternativa para desalojar las Salas del Supremo Tribunal de Justicia: la renuncia de sus titulares.
El mismo numeral establece cuatro causas de retiro forzoso: una, haber cumplido 75 años de edad; dos, jubilarse en los términos legales; tres, padecer incapacidad física o mental, y cuatro, renunciar a su cargo o que se sitúe en el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 112 de la misma Constitución.
Queda claro entonces, que pronto comenzaremos a saber de renuncias “voluntarias” de algunos Magistrados.
ASI ANDAN LAS COSAS.
