Por Redacción Noticentro.
A pesar de que muchas de las recomendaciones por violación a los derechos humanos son incumplidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, (Codhet), no ha utilizado sus facultades Constitucionales y legales para citar a comparecer ante el Congreso local a los servidores públicos desobedientes.
El doctor en Derecho, José de Jesús Guzmán Morales, recordó que en 2012 el Poder Legislativo de Tamaulipas reformó la Constitución Política del estado y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para homologarlas con la reforma a la Carta Magna federal realizada en 2011.
El objetivo de la reforma local fue darle “dientes” a la Codhet, para que cuando un servidor público incumpliera, total o parcialmente, una recomendación , pudiera citarlo ante el Congreso para que expusiera sus razones del desacato.
Sin embargo, dijo, a cinco años de esa reforma la Codhet y de que abundan los casos de funcionarios desobedientes, no ha utilizado una sola ocasión ese instrumento constitucional, que debería ser una especie de presión para lograr un mayor grado de cumplimiento de sus recomendaciones.
Guzmán consideró que esa es una de las principales debilidades de las comisiones estatales de derechos humanos, que no hacen uso de sus atribuciones para lograr mayor eficiencia en la protección de la dignidad humana.
“Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos su principal fortaleza es su publicidad y se da desde que emite un boletín o desde que sale el presidente a defenderse de los señalamientos” indicó.
En cambio, a nivel local, ni se cita a comparecer a los servidores públicos reticentes, ni se publicitan las recomendaciones.
“Además, el Poder Legislativo de Tamaulipas tiene una tarea pendiente porque la forma en que regulo esas atribuciones constitucionales fue insuficiente, porque el llamado a que comparezcan los servidores públicos debería hacerse en espacios abiertos y de deliberación, pero no en Comisiones como está autorizado” indicó.
El también catedrático de la UAT destacó también la necesidad de acabar con el tabú social de que una recomendación es como un señalamiento o castigo hacia el servidor público.
“Las recomendaciones deben ser vistas como un instrumento de educación cívica tanto para el ciudadano como para el gobernante” indicó.
