Por Redacción Noticentro.
La Comisión de Vigilancia instruyó a la Auditoría Superior del Estado , (ASP), a iniciar un procedimiento administrativo, civil o penal, en contra del alcalde priista de San Carlos, César de la Garza Morantes, por presuntas irregularidades detectadas en el manejo del ejercicio fiscal 2014.
El dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia y aprobado por el Pleno Legislativo en la sesión extraordinaria del pasado jueves, señala en su artículo segundo que : “se instruye a la Auditoría Superior de Estado para que inicie el procedimiento correspondiente”.
El numeral tercero establece que “las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables”.
En uno de los puntos resolutivos, el órgano fiscalizador establece que “La recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios no se ajustaron totalmente a la legalidad presumiéndose daños o perjuicios a la hacienda pública de la entidad”.
Sin embargo, el resolutivo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, no precisa los montos sin aclarar o cuyo ejercicio están en duda. Los diputados se limitan a precisar que “no se aprueba la cuenta pública del municipio de San Carlos, correspondiente al ejercicio fiscal 2014”.
SE infiere entonces que será a través de la investigación como se determinara el monto que deberá reembolsar el alcalde y sus colaboradores, entre ellos el síndico y el tesorero.
El presupuesto de ingresos del municipio de San Carlos, en el 2014 fue de 36 millones 002, 276 pesos, mientras que el de egresos ascendió a 37 millones 595 mil 076 100 pesos.
Por su parte, en el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable de Mainero, cuya cuenta pública 2015 no fue aprobada, la Comisión de Vigilancia no instruyó a la Auditoría Superior del Estado a iniciar algún procedimiento, ya sea administrativo, civil o penal.
El resolutivo de los legisladores establece que “derivado del análisis realizado por la Diputación Permanente con relación al asunto que nos ocupa, y con base en los elementos técnicos de revisión y evaluación aportados por el órgano superior de fiscalización de este Congreso, se dispuso la elaboración
