Por Yuriria Sierra.
En 2007 —y desde entonces— varios hemos dedicado nuestros espacios para hablar de la indefendible ley electoral aprobada en aquel año. Y es que si miramos lo que sucede en otros países, en México seguimos construyendo nuestra democracia a paso lento, con trazos equivocados cuando no en franco contrasentido. Quienes redactaron aquella reforma decían que el fin era blindar los procesos electorales, impedir que los partidos gastaran un dineral en promoción durante tiempos de campaña, impedir la llamada “guerra sucia”… simular que no hay perversión política. Resultó en lo contrario.
Ahora con la atención que el mundo le pone a la contienda electoral en EU podemos ver con claridad cuáles son las deficiencias de nuestro sistema electoral. Allá vemos a los candidatos echar la casa por la ventana en sus eventos, con fondos que son recaudados por ellos mismos, pero de forma transparente. Los vemos participando en debates en donde lucen su capacidad para el contraste, la discusión, la polémica; shows televisivos que emocionan y en donde, incluso, se permite que la gente participe a través de las redes sociales. Aquí tenemos eventos soporíferos en donde no está permitido sacar trapitos al sol, porque la ley electoral considera que esto daña la imagen de los participantes. Varios hemos sido quienes hemos señalado el retroceso que esta ley significó para nuestro país. Acaso lo único que fomentó fue que los partidos y sus candidatos se pusieran más creativos en la manera en que rompen la ley: compra de tuits a personajes de la vida pública y que se publican en tiempos de veda; portafolios llenos de dinero que compran espacios para su autopromoción disfrazados de notas informativas o deciden que será el dirigente nacional el o la que saldrá a dar la cara en miles de spots de radio y televisión gratuitos, porque esta ley se los cedió. Llevamos nueve años bajo este esquema y las elecciones que se han realizado en este lapso, no pueden presumir de tener demandas por delitos electorales.
Me pareció curioso que en un texto publicado en Reforma hace unos días, Jorge Alcocer acusara a Jorge G. Castañeda de estar haciendo fraude electoral. Dice que el excanciller realiza propaganda proselitista con la publicación y promoción de su libro, Sólo así, donde se detalla el tema de las candidaturas independientes y su razón de ser. En la misma publicación asegura que Héctor Aguilar Camín es su jefe de campaña. Lo que me parece curioso es la manera en que Alcocer expuso sus puntos. Habla de lo escrito en la indefendible ley electoral de 2007, esa misma de la que, repito, muchos hemos escrito porque desde entonces veíamos que aquella reforma nada abonaría a la construcción democrática. Casi diez años después vemos en los hechos que teníamos razón: la ley electoral genera tantas perversidades y tantos vacíos que caben todas las interpretaciones, donde lo mismo el PRI, PAN, PRD o Morena pueden salir avante ante polémicas que otros países costarían candidaturas o victorias electorales ya alcanzadas. En la lógica de Alcocer, el otro Jorge (Castañeda) no tendría que promocionar su libro por su intención de convertirse en candidato independiente en 2018. De tratarse un razonamiento no falaz, ya lo estaríamos escuchando decir lo mismo de quienes hoy están en plena campaña también con miras en 2018. ¿Por qué no pide que AMLO o Anaya dejen de transmitir spots? ¿O que Osorio Chong renuncie a la Segob y se espere dos años? Los argumentos de Alcocer sólo nos recuerdan el bodrio que se aprobó en 2007: una ley que prohíbe todo para que todos la violen. Y que en lugar de liberalizar la democracia (para volverla más decente) sólo promueve la hipocresía y la mala sangre.
