Por Yuriria Sierra.
Dice todo sobre cómo entienden algunos de nuestros funcionarios el combate a la corrupción: como una fiesta a la que hay que acudir, pero con el disfraz más elaborado. O ni siquiera. Con un antifaz resulta más que suficiente. El cómo se han comportado con respecto a la iniciativa Ley3de3 es totalmente revelador de su absoluta proclividad al escondite, a las esquinas sin luz. La iniciativa ciudadana era simple, sencilla y apelaba a la esencia misma de la función pública. Todo aquel que trabaja para el Estado debía presentar tres declaraciones —la fiscal, la de intereses y la patrimonial— para garantizarnos que el origen de sus recursos es lícito, para decirnos que no han abusado del poder que han ejercido y que pagan sus impuestos como la ley lo pide. Nada del otro mundo. Incluso la iniciativa colgó en la web una plataforma para que el proceso fuera mucho más sencillo y usted o cualquier interesado pudiera acceder y conocer esa información. Total, como funcionarios públicos, el dinero con el que se les paga su salario viene de nuestros bolsillos y manejan, a su vez, el presupuesto que mueve a las tantas instituciones que forman al Estado y que también proviene de nuestros bolsillos. Nada del otro mundo querer saber qué están haciendo con nuestros impuestos.
Desde luego, y para infortunio nuestro, fueron más los legisladores que saltaron aterrorizados pensando en que esta iniciativa se volviera una realidad y una obligación. Pero el pudor y la ley los hizo discutir una iniciativa que llegó al Pleno gracias al respaldo de más de 630 mil ciudadanos; pero la maña los llevó a remendar la iniciativa: aunque no le quitaron el carácter de obligatoriedad, sí decidieron que las declaraciones serán públicas sólo y sólo si el declarante así lo quiere. ¿Quién va a querer? Me imagino que casi ninguno. Además de esto, también agregaron algunos puntos: no sólo serían los funcionarios, sino toda persona —física o moral— que recibiera dinero del Estado. Y tan mal redactado quedó eso, que se prestaba a una interpretación en donde la #Ley3de3 era obligada lo mismo para el Presidente de la República que para un diputado local o quien nos atiende en una ventanilla de trámite de pasaporte, un becario del Conacyt o quien en la sierra recibe ayuda de algún programa social. Vamos, la maña les alcanzó para anotar que también las empresas debían presentarla. Hicieron de una ley que se entendía, además de urgente, sencilla en su intención y ejecución, un mar de opacidades para que cada quien la interpretara a su manera y hasta pudiera darle la vuelta. Así de miedo le tienen a la transparencia.
A pesar de que estas modificaciones fueron preparadas por los priistas (y sus aliados en el PVEM y Nueva Alianza) en una sesión de madrugada y al aventón, el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó a lo solicitado por Jesús Zambrano, quien desde San Lázaro le pidió hacer uso de su facultad de veto para que la iniciativa que quedó no pasara así, con tales opacidades. EPN vetó y solicitó un periodo extraordinario para discutir las correcciones que les envió, en donde se eliminó la diabólica redacción del Art. 32, limitando la obligación de publicación de su #3de3 a funcionarios, no a “toda aquella persona” que reciba recursos públicos. Eso sí, el carácter de obligatoriedad quedó en las mismas: las declaraciones las hará públicas sólo aquel al que le dé la gana. Y total que de prácticamente nada servirá porque siguen sin decirnos quién o quiénes o cómo van a revisar que esas tres declaraciones estén en regla.
Según el último Índice de Percepción de Corrupción que se realiza cada año a nivel global, nuestro país ocupa el número 35 de los 168 analizados por Transparencia Internacional. Vaya usted a saber qué sucede en los países que ocupan los primeros lugares, como Somalia o Corea del Norte, si lo que vemos en el nuestro nos espanta. El 35: eso quiere decir que hay 133 países menos corruptos que el nuestro. ¡133! Pero, sin duda, es claro que la mayoría de los legisladores no están en la misma sintonía de los ciudadanos: recibieron la iniciativa que 640 mil firmamos, pero creen que nos dan atole con el dedo poniéndose un disfraz a la hora de presentarla. Y luego se preguntan por qué el encabronamiento de todos los ciudadanos.
