Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
En Reynosa, la sociedad está indignada porque una conductora que presuntamente atropelló y dio muerte a una joven universitaria, fue liberada por el agente del Ministerio Público bajo el argumento de que no se le detuvo en flagrancia.
El ciudadano común, el que no conoce de Derecho porque no está obligado a ello, no entiende cómo es que con todas las evidencias que inculpan a la mujer , las autoridades la hayan dejado en libertad, —al igual que a dos amigas que la acompañaban— tan pronto y rindió su declaración.
Por eso su coraje y desconfianza sobre el actuar del agente del Ministerio Público y los policías. Lo primero que piensa la sociedad es que, “se vendieron”.
Pero no hay tal. La realidad es que las autoridades actuaron de acuerdo al procedimiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral, cuya vigencia plena en el estado apenas inició el pasado 13 de junio.
Lo que sucede es que a los Gobiernos se les olvido socializar con suficiencia el contenido del nuevo modelo de enjuiciamiento penal, y por eso ahora la gente no comprende porque alguien que acaba de atropellar y matar a una persona tenga que ser puesta en libertad casi de inmediato.
Aquí mismo advertimos hasta el cansancio de esos riesgos de que ocurrieran historias como la que le narro, que causen entre la población una percepción equivocada de impunidad.
Con frecuencia denunciamos la insuficiencia de socialización del sistema acusatorio y sus riesgos, pero en el Gobierno los sabiondos o expertos hicieron como que no vieron ni oyeron y ahora las consecuencias están a la vista.
Pero, ojalá y que después de esto el Estado asuma su responsabilidad y diseñe e implemente pronto un programa amplio de difusión del contenido del sistema acusatorio. Urge informarle al ciudadano las diferencias entre lo que estábamos acostumbrados con el modelo de justicia tradicional y éste que tenemos de estreno.
Si no se hace así, se corre el riesgo de que muy pronto haya nuevos brotes de indignación social cuando la gente comience a ver que casi todos los que cometen un delito son liberados de inmediato.
Y es que si no se le explica al ciudadano que el hecho de liberar a una persona no implica que vaya a quedar sin castigo, la percepción de impunidad seguirá creciendo. Alguien debe detallarle a la gente que en adelante la mayoría de quienes delincan podrán enfrentar su proceso penal en libertad, en atención al llamado principio de presunción de inocencia que significa que nadie podrá ser considerado culpable hasta que haya una sentencia definitiva.
Ayer mismo, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Aída Zulema Flores Peña, admitía esa insuficiencia de difusión del sistema acusatorio y expresaba la urgencia de trabajar en ello.
De hecho, la legisladora y abogada es residente de Reynosa y ponía como referencia de ese desconocimiento del modelo acusatorio, el caso del atropellamiento y muerte de la joven universitaria en esa fronteriza ciudad.
EL RESTO.
Por cierto, a quienes diseñaron la reforma penal se les olvidó el último eslabón de la justicia: los reclusorios.
El sistema penitenciario del estado y del país sigue convertido en una universidad del crimen, donde impera la ley del más fuerte o más violento, impidiendo con ello que se consiga el fin último del encarcelamiento, que es lograr la reinserción social de quien, por la razón que sea, incurrió en un delito.
Pero ese es un tema que merece tratamiento aparte.
ASI ANDAN LAS COSAS.
[email protected]
