Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Cuando las instancias de Gobierno revelan las cifras crecientes de delitos penales, la preocupación y la alarma son inevitables. Comenzamos a buscar causas y culpables del crecimiento delictivo. Cuestionamos la efectividad de la estrategia para frenar a los delincuentes, y exigimos al Gobierno en su conjunto—federal, estatal y municipal—que se apure a superar esa ineptitud manifiesta.
Sin embargo, poco o prácticamente nada decimos o hacemos, tanto la ciudadanía como el Gobierno mismo, cuando se trata de la crisis por la que atraviesa la familia tamaulipeca. A pesar de ser la familia el principal cimiento de toda sociedad, durante los últimos años se ha venido desquebrajando, pulverizando, sin que nadie mueva un dedo para evitarlo.
Las cifras del Poder Judicial Federal son abrumadoras, preocupantes, seguramente hasta alarmantes. Cada Juzgado Familiar de Tamaulipas, de los aproximadamente 18 existentes, están iniciando cada año un promedio de 1200 a 1500 juicios familiares. Si los sumamos estamos hablando de entre 21 mil y 27 mil familias que anualmente se enfrascan en un pleito legal y que muy probablemente están en vías de desintegración o ya se desintegraron.
Mientras un Juzgado Penal inicia en promedio 300 expedientes cada año, uno Familiar atiende cuatro o cinco veces más esa carga de trabajo, lo cual revela la magnitud del fenómeno. Sin embargo, le insisto, nadie hace nada para establecer las causas y buscar alternativas de solución.
Pero hay otro dato preocupante: el 80 por ciento de esos juicios son por alimentos. Es decir, se trata de asuntos donde el demandante es por lo general un niño que fue abandonado por su padre.
Si nos atenemos a las cifras de la justicia familiar, podemos deducir que cada año un promedio de 16 mil a 21 mil niños sufren abandono por el padre que está obligado a suministrarle alimentos.
Luis Gerardo Uvalle Loperena, titular de uno de los tres Juzgados Familiares que operan en Victoria, señala que tres son las causas por los cuales los padres abandonan a sus hijos: una, por machismo; dos, por ignorancia de las obligaciones que le impone la ley, y tres, porque carece de empleo y no puede cumplir con su obligación económica.
El otro 10 por ciento de los juicios familiares son de divorcios.
Frente a esa realidad, le insisto, resulta inexplicable el silencio o la apatía oficial del Gobierno. Todos estamos concentrados o absortos con la pesadilla que nos representa la violencia delincuencial en las calles, con sus sanguinarias ejecuciones cotidianas, y no hacemos nada para atender un problema que es igual o mucho más serio que esa inseguridad pública.
La crisis que vive la familia tamaulipeca es también otra pesadilla.
Alguien debe atenderla. ¿Cómo? Respuestas debe haber muchas. Lo que importa es la urgencia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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