Por Jorge Fernández Menéndez.
Cuando hoy el presidente Peña Nieto presente las propuestas que reflejen el cambio de paradigma en el tema de las drogas que anunció el martes en Nueva York, se enfocará en darle al tema de las drogas un visión mucho más liberal, alejada del prohibicionismo y donde se dará luz verde a la utilización de la mariguana medicinal y se elevarán las cantidades de drogas que puede portar una persona para uso personal.
Ninguna de esas medidas, tampoco el decálogo presentado el martes por el presidente Peña, me parece en sí mismo mal, al contrario, creo que son una suma de propuestas positivas que pueden modificar mucho la convivencia social y disminuir la penalización de los consumidores, siempre y cuando se garantice la seguridad cotidiana de la ciudadanía con instituciones policiales fuertes y alejadas de la corrupción.
En un magnífico texto publicado este mes en Foreign Affairs latinoamericana, Joaquín Villalobos escribe que “los países desarrollados forman el mercado de drogas más grande del planeta. La economía de las drogas se comporta igual que la de otros productos que generan las mayores utilidades en las ventas al consumidor final… Entonces, ¿por qué no hay en Estados Unidos o en el Reino Unido grandes cárteles dirigidos por poderosos criminales, como Pablo Escobar o El Chapo Guzmán? ¿Por qué las drogas son un problema marginal y de salud pública en estos países y por qué en los nuestros se convierten en una amenaza a la seguridad nacional?”.
Villalobos dice que la respuesta está en la impunidad y la corrupción y que la magnitud de estos problemas es proporcional al funcionamiento del Estado de derecho, a la cultura de la legalidad de los ciudadanos y a la capacidad de las instituciones de seguridad de controlar todo el territorio y proteger a todos los ciudadanos. En el mundo desarrollado, dice, las estructuras criminales, aunque sumadas manejen miles de millones de dólares, están atomizadas, son marginales, sobreviven en espacios minúsculos, sufren un rechazo social abrumador, su violencia es esporádica, no pueden corromper al Estado y tienen temor a confrontarlo… Lo que genera violencia no es combatir criminales, sino la situación desigual entre la alta densidad criminal y la extrema debilidad del Estado.
En Estados Unidos, continúa Villalobos, los progresos en la legalización de la mariguana son irrelevantes, porque Estados Unidos es el principal productor y consumidor de mariguana del hemisferio. El tema en Estados Unidos en todo caso sería la cocaína u otras drogas. Pero ese debate ni siquiera se da en la Unión Americana.
No parece buena idea legalizar drogas en medio de grandes batallas contra los criminales, con vacíos del Estado en el territorio, enorme atraso en el Estado de derecho y sin tener a favor la opinión pública.
El tema es la corrupción, dice Villalobos, porque es mucho más fácil sobornar a una autoridad en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México o Perú que en Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido. La principal condición para que exista crimen organizado no es que se confabulen más de tres delincuentes, sino que los delincuentes hayan penetrado o cooptado al Estado.
Los argumentos para defender la legalización o la regulación de las drogas, dice Joaquín Villalobos, pueden ser impecables en el plano de lo económico, del ejercicio de las libertades e incluso de los aspectos morales. Incluso es posible estar de acuerdo con todas esas ideas, pero el debate no es si hay o no derecho de fumar mariguana, si es mejor controlar la heroína o si conviene cobrar impuestos a la venta de drogas para que el Estado tenga más recursos y los cárteles menos. Ninguno de esos argumentos responde a los vacíos de autoridad del Estado en el territorio, a la debilidad de las policías y a la corrupción como problema cultural.
El debate es cómo ser eficaces en el plano de la seguridad a pesar de las drogas, ya que, nos guste o no, seguirán siendo ilegales por muchos años. La batalla por la seguridad no se puede librar con denuncias en foros internacionales. La seguridad es una lucha diaria para combatir la corrupción, instaurar el Estado de derecho, erigir instituciones de seguridad fuertes y formar a los ciudadanos en una cultura de legalidad. En ese sentido, es un error hablar de “guerra contra las drogas”, porque lo central en una estrategia de seguridad es proteger la vida, los derechos humanos y el patrimonio de todos los ciudadanos. El combate a todo tipo de criminales es simplemente una consecuencia del propósito central, que es garantizar la tranquilidad y la paz en nuestros países, concluye Villalobos.
Creo que ése es el corazón de un debate que aún no hemos abordado: sin fuerzas policiales confiables y sin erradicar la corrupción, nadie garantizará, con mariguana legalizada o no, la seguridad cotidiana de la gente.
