Por Redacción Noticentro.
Las niñas, niños y adolescentes, conforman el grupo más vulnerable de la sociedad tanto dentro de su entorno como en el sistema de justicia, afirmó Verónica Chong Briffault, asesora de la dirección general de Estudios, Desarrollo y Promoción de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).
Al impartir una conferencia para la presentación del Protocolo de Actuación en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, en la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders” de la SCJN en Ciudad Victoria, Chong dijo que los menores “son vulnerables entre los vulnerables”.
“Son vulnerables entre los vulnerables porque para ejercer sus derechos requieren de un adulto, y si ese adulto que va a velar por sus derechos los vulnera pues imagínense la situación” señaló ante abogados, funcionarios y estudiantes de Derecho.
Precisamente por esa vulnerabilidad, dijo, la SCJN elaboro un protocolo de actuación con el fin de otorgar a los impartidores de justicia, una herramienta que contiene normas y procedimientos a seguir cuando dentro de un litigio o juicio esté involucrado un menor.
“Este protocolo se hizo pensando en un instrumento dirigido a abogados y abogadas , y a quienes tienen como responsabilidad velar por los derechos de los niños. Es una herramienta o una especie de manual para impartidores de justicia, para abogados y todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad cuidar que se respeten los derechos de los niños.
Con el protocolo se busca sensibilizar a los operadores jurídicos y a la sociedad en general, respecto de la protección especial que requieren los menores.
Ello es importante, dijo, porque, por ejemplo, es común que en un Juzgado, por el cúmulo de trabajo al juzgador le resulta imposible involucrarse en un caso específico para dar atención especial a un menor.
“Además de ello, en muchos juzgados no hay suficiente personal. Por ejemplo, no hay psicólogos para dar el acompañamiento necesario de un menor lo cual termina afectando sus derechos, porque si no hay una interpretación adecuada a las pruebas que se presenten no se les dará la valoración precisa y el proceso no conducirá a la verdad jurídica” indicó.
El protocolo contiene formalidades derivadas de tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ejemplo, una exigencia general para los operadores jurídicos es que en toda resolución se privilegie el llamado interés superior del niño.
